Durante la semana el Ministerio Público presentó nuevos señalamientos contra exoperadores de Justicia, mientras que políticos vinculados a casos de presunta corrupción fueron beneficiados por las resoluciones de distintas judicaturas, poniendo en evidencia el contraste sobre cómo funciona actualmente el Sistema Judicial.
RESOLUCIONES A FAVOR DE TORRES Y BALDIZÓN
El pasado 17 de octubre el juzgado de Mayor Riesgo “A” dio cumplimiento a una resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que permite a Sandra Torres, secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), retomar actividades políticas de esa agrupación y movilizarse en todo el país.
Torres está vinculada al caso Financiamiento UNE, pero actualmente se debe dilucidar su situación luego que la Corte de Constitucionalidad determinó que no puede ser juzgada por el delito de Financiamiento electoral no registrado.
La Hora reveló está semana, tras consultar a fuentes con conocimiento de las negociaciones, que en el Congreso de la República los diputados de la UNE afianzarán su apoyo a la bancada VAMOS, para la elección de la Junta Directiva 2023-2024 presidida por Shirley Rivera y el Presupuesto 2023, a cambio de permitir la inscripción de Sandra Torres en las elecciones del próximo año.
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Caso Transurbano: Baldizón podría acudir a la CC y librarse de delito imputado 👉 [https://t.co/qY4AxevA7T] pic.twitter.com/9TcaekYgzg— Diario La Hora (@lahoragt) October 23, 2022
Mientras que, la titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Virginia de León, decidió otorgar medidas sustitutivas a Baldizón por el caso Transurbano. De acuerdo al Ministerio Público (MP) el expresidenciable deberá pagar Q1 millón para gozar de las medidas, entre las que se encuentran el arresto domiciliario.
Previamente, lo ligó a proceso solo por uno de los cuatro delitos que el ente investigador le imputó: Financiamiento electoral ilícito.
SANDOVAL, SANTIZO Y LAPARRA LA OTRA CARA DE LA MONEDA
El pasado 19 de octubre se dio a conocer la cuarta orden de captura contra el extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, así como un nuevo requerimiento de aprehensión de la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo.
La actual FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, señala a ambos en el caso “Cooptación y Corrupción Judicial”.
Asimismo, la Fiscalía realizó un allanamiento en la residencia de Santizo, quien recientemente recuperó su libertad.
Mientras que la extitular de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra fue notificada de una nueva orden de aprehensión en su contra, cuando salía de una audiencia de revisión de medidas.
Ahora Laparra es señalada por la supuesta comisión del delito de revelación de información confidencial y reservada, por “hechos sucedidos el 4 de julio de 2017, cuando ejercía sus funciones como Agente Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Quetzaltenango”, explicó el MP.
IBARRA: OPERADORES SON CONSIDERADOS ENEMIGOS
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de la Coalición Movimiento Pro-Justicia (MPJ), indicó que Sandoval, Laparra y Santizo son considerados “enemigos del actual régimen” y por eso se están ensañando contra ellos.
En el caso de Torres y Baldizón, argumentó que son figuras del sistema de partidos políticos. Explicó que la excandidata a la presidencia por la UNE es aliada del régimen, mientras que expresidenciable de Lider aún cuenta con mucha popularidad y fuerza política.
“De hecho, uno de sus hijos desistió de colaborar con el MP en un caso que involucraría al Dr. Giammattei”, argumentó.
Expuso que “van a llenar de casos” a otras figuras como el juez Miguel Ángel Gálvez y la exjueza Erika Aifán. “¿Qué viene a futuro? pues que mientras esté la composición de fuerzas políticas como está actualmente es lógico que van a seguir en la misma dinámica”, añadió.
“¿Y cuál es la dinámica? Van a tratar como mano de seda a sus aliados y van a tratar con mano dura, se van a ensañar contra los que son sus enemigos políticos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Los que antes los persiguieron”, concretó.
GARCÍA FONG: ES IMPORTANTE QUE LA JUSTICIA RESPONDA AL BIEN COMÚN
El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Gustavo García Fong, manifestó que mientras más se les dé publicidad a las actuaciones judiciales, se contribuye a la auditoría social por parte de todos los sectores que permita valorar si el Sistema de Justicia está respondiendo a los intereses del bien común o si hay intereses, así como fines particulares.
“Lo más importante es que el Sistema de Justicia responda a los intereses del bien común dado que una justicia parcializada o que los ciudadanos perciban que está favoreciendo a un determinado sector, pues obviamente no es justicia”, agregó.
Recalcó la importancia de la auditoría social, para que tanto el MP como el Organismo Judicial (OJ) realicen bien su trabajo y la administración de justicia sea independiente e imparcial, sin tener un interés en particular más que el bien común.
Enfatizó en que todos los ciudadanos esperan a futuro que la justicia se administre de manera objetiva e imparcial. “Porque si la percepción, es que si los casos se están resolviendo para favorecer intereses particulares, esto afecta sin duda alguna la consolidación del Estado de Derecho y la democracia en Guatemala”, añadió.
Concluyó en que la administración de justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho y debe inspirar confianza a los ciudadanos y si está lejos de ser una expresión del Estado con objetividad e imparcial, sino para interés particulares, decaerá día a día, por lo que es preciso que las entidades de justicia retomen el rumbo y actúen con imparcialidad en todos los casos.
CUX: QUIEN LUCHE CONTRA LA CORRUPCIÓN SERÁ ENCARCELADO
Eddy Cux, analista de Acción Ciudadana, argumentó que se observa cómo el Sistema de Justicia se ha pervertido a tal punto que personas inocentes y que han luchado contra la corrupción resultan perjudicadas. “Incluso casi en situación de tortura, por ejemplo, con el caso de Virginia Laparra”, declaró.
“Y, por otra parte, personas que le han afectado tanto al Estado, que nos tienen en una situación de pobreza extrema como se ha evidenciado con información que ha resaltado esta semana, son personas beneficiadas por el Sistema de Justicia, claramente se ve una alianza perversa entre el oficialismo y Sandra Torres, por ejemplo, que incide incluso en la administración de justicia”, afirmó.
Aseguró que la situación es preocupante, debido a que se está promoviendo impunidad plena para actos de corrupción y cualquier persona que luche contra esa problemática será encarcelada, “estamos viendo como los patos les disparan a las escopetas”, puntualizó.
Finalizó indicando que la corrupción y las mafias “reinan” en Guatemala, lo cual está llevando a una declive económica, democrática, política y sobre todo afectando a la ciudadanía en general, pues la corrupción destruye vidas y lejos de castigar a los responsables “se les privilegia y se les premia como ha sucedido en estos casos”.
