La titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez solicitó que Pedro Hernández, ahijado de la Fiscal General, María Consuelo Porras no concluya el caso de posible Financiamiento Electoral no reportado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Durante la audiencia que se llevó a cabo este viernes 14 de octubre, la togada fijó un plazo de tres días hábiles al fiscal Fernando Aldana Orellana para justificar porqué no se presentó a la diligencia. Aldana había sido removido del caso y en su lugar estaba Hernández, ahijado de Porras.
Domínguez expresó “por una instrucción interna de la señora fiscal y jefa del Ministerio Público (MP) ordena que continúe con este proceso judicial”, en referencia a Aldana Orellana.
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Dicha resolución se emitió el 3 de octubre y se le notificó el 6 del mismo mes, indicó la juzgadora y refirió que “no le dio el tiempo suficiente para presentarse a las actuaciones”, según lo excusado por Aldana.
“En aras de que este proceso judicial se pueda ventilar apegado totalmente a un debido proceso… la jueza procede a suspender esta audiencia”, concluyó la togada y programó la continuación de la audiencia para el 27 de octubre del presente año.
TRASLADO DE ALDANA
Aldana era parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) sin embargo, fue trasladado a la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros desde el 10 de agosto.
El fiscal también estuvo a cargo de varias investigaciones de casos de corrupción, entre ellos “Traficantes de Influencias”.
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EL CASO
Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Se estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña a nombre del partido político, por medio de un cheque emitido desde una cuenta bancaria a nombre de MAARIV, S.A .
MÁS DE Q19 MILLONES SIN REPORTAR
Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil 753 según las pesquisas del MP.
La investigación se basa en el análisis de evidencia documental, testimonial y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del TSE, entidades bancarias e informes de análisis y criminal de la extinta CICIG.
