Durante la pandemia el Congreso aprobó una iniciativa del gobierno para situar fondos del Estado, es decir dinero que pertenece a todos los guatemaltecos, en el sistema bancario para ayudar a la reactivación de la economía y miles de millones de quetzales se destinaron a préstamos sobre los que nunca se ha querido informar, alegando incorrecta e inconstitucionalmente el “secreto bancario” como pretexto para ocultar a los beneficiarios, las cantidades otorgadas y cómo va el cobro en cada una de esas operaciones.
La Constitución de la República establece de manera categórica en su artículo 232 de manera textual lo siguiente: “Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas, y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos”.
Como dije, ese fondo fue situado por un Decreto del Congreso y proviene de los recursos públicos, lo que obliga a la Contraloría de Cuentas a fiscalizar su manejo, pero quieren encubrir quiénes recibieron préstamos, de cuánto fue cada uno y cómo va el ritmo de pago para cubrir el valor de cada crédito. Para ello, el Congreso se propone aprobar una ley absolutamente inconstitucional para que sea la Superintendencia de Bancos la que “haga esa labor”, pasando sobre la normativa constitucional.
El empeño por blindar el secreto sobre el uso que se hizo de ese dinero es brutal. Para empezar la Contraloría General de Cuentas de la Nación es una cacharpa inútil tan al servicio de la corrupción como cualquiera de las otras entidades públicas que funcionan para garantizar no solo facilidades para el saqueo, sino absoluta impunidad para los ladrones, sean éstos funcionarios o particulares.
Pero no les basta esa incapacidad voluntaria de la CGCN porque en determinado momento podría haber alguna petición o reclamo ciudadano para que se destape la forma en que manejaron esos recursos y por ello quieren garantizar la opacidad con la tesis del “secreto bancario” que ya ha usado el Crédito Hipotecario Nacional para responder a cualquier consulta que se haga sobre el destino y utilización de esos recursos.
Hace varios meses en La Hora hicimos el requerimiento de información y la respuesta fue tajante, en el sentido de que la misma está protegida por el secreto bancario que existe para garantía tanto de las instituciones financieras como de los usuarios. Pero cuando el dinero proviene de un aporte estatal, especialmente si el mismo era para atender a los damnificados por la pandemia y el cese de muchas actividades, es obligada la rendición de cuentas porque es muy fácil hacer piñata los fondos públicos y todos sabemos que eso no sólo es lo normal, sino la particular tendencia que se ha magnificado durante este gobierno.
Lamentablemente la ley, por inconstitucional que sea, no será frenada porque así conviene a los corruptos y por ello gozará del respaldo de la Corte de Constitucionalidad.
