Juntar 200 alcaldes voraces dispuestos a incrementar sus ganancias poniéndose al servicio del oficialismo no es en absoluto difícil y según gente cercana al gobierno ese es el plan porque si logran que cada uno de ellos aporte un mínimo de 5,000 votos en sus respectivos municipios, creen que así no sólo aseguran que el candidato oficial pase a segunda vuelta, sino que pueden consolidar una importante mayoría parlamentaria.
Eso sin despreciar que tendrán a su alcance otros recursos importantes, aunque no lícitos, para garantizar que en la noche de elecciones el cómputo les favorezca cuando la sección de informática ponga en marcha el programa diseñado para realizar ese escrutinio.
El caso es que este proceso electoral será totalmente distinto a los otros que se han vivido desde 1985 porque se están tomando todas las precauciones para asegurar una cómoda posición para el oficialismo a pesar de que la popularidad del actual gobernante es realmente patética. Pero no por ello dejan de tener el control de todas las instituciones, lo que les permitirá maniobrar de muchas formas no sólo en el tema del conteo de los votos, sino eliminando de la papeleta electoral a todos los que puedan ser molestos por su discurso antisistema que significa un tono duro contra la corrupción y la impunidad.
La información ha sido proporcionada por algunas fuentes bien informadas que lanzan una voz de alerta importante para que la ciudadanía entienda el rumbo que está llevando el país. Y precisamente ese tipo de fuentes, que preocupadas por los abusos dan información a la prensa, es lo que quiere acallar el oficialismo, ya sea legislando o criminalizando la publicación de noticias que les puedan hacer daño en sus intenciones funestas.
Y no se puede siquiera descartar que el argumento usado por la Procuraduría General de la Nación en el arreglo amistoso con Zuri Ríos, en el sentido de que las limitaciones constitucionales para la participación como candidatos presidenciales violan el derecho humano a ser electo, no vaya a ser utilizado para acudir ante la servil Corte de Constitucionalidad para que se permita en Guatemala la reelección presidencial.
Están tan desatados que nada se puede descartar porque la cantidad de negocios que se cocinan en las más altas esferas ha superado por completo cualquier antecedente histórico y no están dispuestos a soltar una piñata tan jugosa como la que han sabido organizar gracias al apoyo y concurso de quienes se siguen creyendo el poder real, aunque cada día operen más como sirvientes de la mafia.
