El presidente de la Comisión de Gobernación, Boris España, informó que dictaminaron a favor la iniciativa 6076 “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”. Foto: La Hora

El presidente de la Comisión de Gobernación, Boris España, informó que luego del análisis elaborado por los integrantes de esa instancia dictaminaron a favor la iniciativa 6076 “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”, la cual dispone que policías y militares puedan utilizar la fuerza en cumplimiento de sus funciones.

La propuesta “es para fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, incluso van a poder utilizar sus armas en diferentes momentos (…) muchos ciudadanos les faltan el respeto a las fuerzas de seguridad, lo cual no se va a permitir”, señaló España.

Agregó que se va a garantizar el derecho a la manifestación de forma “racional” y al excederse que se delimite el utilizar el armamento de parte del Ejército y la PNC. “No se limita de ninguna manera el derecho a la manifestación, se respetan los derechos de la población en general, pero se delimita el comportamiento de las personas que en determinado momento quiera ser agresivo con las fuerzas de seguridad”, justificó.

SOLICITUD PARA CONOCERSE DE FORMA INMEDIATA

El legislador explicó que van a solicitar que se conozca la iniciativa en el pleno del Congreso de forma inmediata y posiblemente la próxima semana se den las primeras lecturas para su aprobación.

“Creo que va en buen paso, hay buena disponibilidad de parte de los diputados para poder garantizar y fortalecer nuestras fuerzas de seguridad, inclusive el Ejército de Guatemala”, añadió.

 

Además, recalcó: “No es posible que nuestras fuerzas de seguridad estén en el abandono, que no puedan utilizar sus armas, que no puedan conducir a las personas que se porten mal en una manifestación, no solo se aplica en manifestaciones, la estamos dejando en cualquier tipo de reacción que un ciudadano o marero actúe en contra de las autoridades y pueda utilizar sus armas”.

SOBRE LA INICIATIVA 6076

La iniciativa fue presentada a dirección legislativa el 10 de mayo del 2022 y conocida por el pleno el 29 de junio.

El proyecto de ley lo presentaron los legisladores Napoleón Rojas Alarcón, Julio Francisco Lainfiesta, Karla Andrea Martínez, José Arnulfo García, Maynor Castillo y Castillo y Byron Wilfredo Arreaga Alonzo, todos del partido Unión del Cambio Nacional (UCN).

Según el artículo 1 de la iniciativa, el objeto de la Ley es que integrantes de la fuerza de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, en cumplimiento de sus funciones pueden aplicar el uso de la fuerza “conforme a sus competencias, desempeñando acciones para garantizar la vida e integridad de los habitantes de la República”.

Asimismo, que el uso de la fuerza tiene como finalidad lograr objetos legítimos debidamente regulados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Además, que las fuerzas de seguridad pública y el Ejército podrán recurrir al uso de la fuerza, únicamente cuando otros medios resulten ineficientes para alcanzar un objetivo legítimo o cuando sea probable que no se logre el resultado previsto.

El artículo 7 detalla que las garantías del procedimiento en caso de iniciarse un proceso penal en contra del personal de fuerza de seguridad pública o del Ejército por acciones realizadas en cumplimiento legítimo de sus funciones, se les garantizará el debido proceso y el derecho de defensa gratuito proporcionado por parte de las instituciones para las que labora.

El artículo 12, adicionará el artículo 264 Ter al Código Procesal Penal, Decreto 51-92, para que los integrantes de las fuerzas de seguridad pública y el Ejército resulten involucrados en la comisión de un supuesto hecho ilícito obtengan medida de coerción, como arresto domiciliario y otras que el juez considere pertinentes con el objeto de garantizar su derecho al trabajo.

Cabe destacar que como fuerzas de seguridad la iniciativa define que son la PNC, la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, además del Ejército de Guatemala.

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