A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos todavía no ha publicado la ampliación de la Lista Engel, la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, estimó que este hecho resulta importante para las democracias de Centroamérica. El pasado viernes circuló un informe con nuevos sancionados, pero que no fue confirmado por la administración del presidente Joe Biden.
Mi declaración sobre las sanciones a actores corruptos en Centroamérica por parte del Departamento de Estado pic.twitter.com/ghpnJtgipd
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) July 18, 2022
Por medio de un breve comunicado en Twitter, la funcionaria destacó que en la lista figuran funcionarios gubernamentales de alto rango de periodos anteriores y las actuales administraciones de Guatemala, El Salvador y Honduras, los cuales “serán investigados y sancionados”.
LA IMPORTANCIA PARA LAS DEMOCRACIAS
“Hoy es un día importante para las democracias”, expresó Torres por la mañana de este lunes 18 de julio. Para la congresista, las personas agregadas al listado “dañaron la democracia de su país, desestabilizaron aún más sus comunidades y eligieron el beneficio personal por encima del bien público”.
Agregó que estas acciones antidemocráticas han conducido a un punto en donde finalmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones.
“Estoy orgullosa de que el Departamento de Estado haya trabajado incansablemente para brindarle a la gente de Centroamérica esta dura verdad sobre algunos de sus funcionarios”, puntualizó; asimismo, congratuló a los sectores centroamericanos que han acogido con seriedad este anuncio “y eligen con valentía el bien del pueblo por encima de intereses corruptos”.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 18, 2022
SOBRE LA LISTA
La supuesta nueva versión de la lista de actores antidemocráticos ha circulado en redes sociales y chats de prensa desde el 15 de julio. Este se ha atribuido al Departamento de Estado de Estados Unidos; sin embargo, tal extremo no ha sido confirmado con las distintas fuentes a las cuales La Hora tiene acceso.
El documento incluye a 16 guatemaltecos que han desempeñado o continúan desempeñando funciones en el sector público y privado, que parten desde fiscales del Ministerio Público (MP), exfuncionarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), hasta exjueces y magistrados.
