Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Cuando las instituciones dejan de funcionar, algunos medios de comunicación se convierten como en una especie de “centro de denuncias ciudadanas” y hay desde pacientes que hablan de la corrupción en los hospitales públicos hasta los empresarios a los que meses de trabajo se les van a la borda porque aparece alguien pidiendo lo que no debe.
En la mayoría de casos, el adversario, que no debería serlo porque es un funcionario público que no debería andar en esas mañas, es alguien con poder suficiente como para intimidar al denunciante que pide no ser citado por nombre.
Siempre se ha dicho que una sociedad se mide en parte por la forma en la que sus ciudadanos pueden hablar, expresarse y denunciar. Y viendo la realidad, preocupa que el denunciante sienta seguridad sí y solo sí denuncia sin que su nombre tenga que salir en público.
¿Cómo me voy a exponer a dar mi nombre, si luego Consuelo Porras pondrá toda la maquinaria no solo para apachar el asunto sino para venirse en mi contra? Y la verdad es que conociendo cómo opera la señora y sus aliados en distintas esferas de poder, lastimosamente tienen razón.
Una entidad cuya casa matriz está en un país de esos en los que hablar de mordidas está penado por ley, no digamos darlas, vio cómo el esfuerzo de muchos meses de trabajo quedó en el olvido porque no accedieron a dar la mordida pedida.
Era una unidad ejecutora del Ejecutivo, pero apareció un diputado del Legislativo a decir que “él no quería hacerlo, que él no lo compartía, pero que lo habían mandado a preguntar qué iba a haber para ellos porque la adjudicación ya estaba decidida para la empresa, pero que era necesario poder hablar cómo se iban a poner de acuerdo”.
Resultó que la persona le contestó que de eso ni hablar, que ellos por ética personal, empresarial, por las mismas disposiciones legales y a las que se ha autosometido la empresa, “las mordidas” no son de su mundo.
Dos días después, la adjudicación fuera para otra entidad y administrativamente en la licitación hicieron un mamarracho de Padre y Señor nuestro, con la plena tranquilidad de que ni la Contraloría General de Cuentas (CGC) ni el mismo Ministerio Público (MP) moverán un dedo.
Tengo mis dudas si Alejandro Giammattei y Miguel Martínez saben qué es generar un puesto de trabajo honrado, pero no es solo de soplar y hacer botellas y no digamos si hablamos de cientos o de miles, pero yo me pregunto qué dirá gente como Álvaro González Ricci quien trabajó en banca, atendió a inversionistas y sabe que este tipo de cosas que se siguen dando son las que matan la esperanza de las inversiones más serias.
Y que los que aún y cuando deciden quedarse a vivir contra este sistema, se tardan muchos meses o hasta años para lograr las cosas porque lo que hace todo expedito son las avenidas de la corrupción.
Si este decente ciudadano hubiera dado la mordida, hoy estaría adjudicado y con la tranquilidad que tiene Consuelo y hasta Porras por lo que hizo, pero viviría con la eterna intranquilidad de saber que se tiró al lodo con los coches.
Guatemala necesita generar muchas plazas de trabajo, atraer a los mejores inversionistas, incentivar a los guatemaltecos y extranjeros -empresas y personas- que ya operan en nuestro sistema a seguir invirtiendo pero se debe advertir que la corrupción va en aumento, que las formas se volvieron a perder y que poco falta para que regresen las maneras de antes en las que los malandros paran hasta de accionistas en los negocios.
A todo aquel que le aterra el estallido, el que las poblaciones marginadas digan YA BASTA, estas realidades son las que más le deben preocupar porque las acciones corruptas son el caldo de cultivo para los reventones sociales o los giros electorales en los países en los que no manosean elecciones.
