Vivimos en la época de derrumbes y no sólo se caen montañas sobre las carreteras por falta de prevención sino que, como se temía, también se empiezan a derrumbar importantes casos de corrupción, empezando por el caso La Línea en el que la colaboración eficaz, basada en ley, de Juan Carlos Monzón no sólo permitió probar la realización de los negocios en las aduanas y el papel de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en la operación, sino que además abrió la puerta para otros casos que fueron también judicializados.
Ahora resulta que el Fiscal a cargo de la FECI dice que no conoce el convenio de cooperación eficaz y que lo va a analizar, lo que implica que él puede no reconocer ni lo que se estableció como compromiso con Monzón, ni lo que el testigo ofreció como pruebas en sus prolongadas audiencias de declaración, lo que vendría a dejar en el aire casi todo el caso La Línea, satisfaciendo así las expectativas de los sindicados que estuvieron retrasando el proceso precisamente en espera de que desapareciera la CICIG y la FECI pasara a manos amigas, cosas que realmente ocurrieron luego de varios años de proceso.
Es penoso ver el curso de nuestra justicia, pero es algo ya advertido y cantado a los cuatro vientos. El objetivo que se persiguió al nombrar en tiempos de Jimmy Morales a la Fiscal Consuelo Porras era contener esa avalancha de investigaciones contra la corrupción que empezó en el año 2015 y que destapó la cloaca en que se había convertido la función pública. Fue tan exitoso el esfuerzo que no sólo se implementó la impunidad como esencia misma del sistema de justicia en Guatemala, sino que además se abrió la puerta para que la corrupción fuera perfeccionada y llevada a todas las instituciones públicas, cooptadas para operar en el enriquecimiento ilícito de las más altas autoridades.
El derrumbe de los más sonados casos de corrupción estaba advertido y en realidad es la esencia misma de todo el denodado esfuerzo que se ha hecho para cimentar la impunidad. Los sindicados han hecho micos y pericos para entorpecer los procesos a fin de evitar la sentencia y de esa manera esperar, como decía aquel candidato, los “tiempos mejores” en los que los fiscales lejos de acusar se encargan de proteger a los sindicados. La lista es interminable y no son sólo los de La Línea y Benito los beneficiados sino prácticamente todo aquel que fue sindicado por el saqueo de los fondos públicos.
