Algunas personas han expresado su preocupación de que lo ocurrido en Colombia pueda repetirse en Guatemala porque la causa principal del triunfo de la izquierda en aquel país es justamente lo que ocurre aquí, es decir el acuerdo entre los políticos y las élites económicas para repartirse los beneficios dejando a la población en el desamparo, obligando a la gente a resignarse y ocuparse nada más en buscar los medios para su subsistencia porque todo lo que es inversión y uso de los fondos públicos sirve para una corrupción que aumenta las fortunas existentes y convierte en ricos a quienes llegan a cualquier tipo de “servicio público”.
Hartos de ver ese mangoneo, los colombianos optaron por una propuesta de izquierda que denunció con claridad cómo es que funciona el sistema y por qué se han incrementado tanto los grandes capitales, centrando en el vicio de la corrupción todo el discurso político que terminó llegándole a los electores, sobre todo cuando se pintó cómo desde tiempos de Uribe se hizo un pacto, como el que se hizo aquí en tiempos de Jimmy Morales, para garantizar a unos pocos el disfrute de extraordinarias ganancias.
Es cierto, sin duda alguna, que las condiciones en que se ha desarrollado desde tiempos de Uribe hasta ahora la “democracia colombiana” se parece mucho a lo que ha pasado con la nuestra, prostituida también por políticos corruptos que pactan con quienes se consideran dueños del país para protegerse mutuamente, de manera que puedan operar en su propio beneficio aunque ello perjudique al resto de la población.
Sin embargo, ocurre que en Guatemala no existe la menor posibilidad de que por la vía electoral se pueda dar un fenómeno como el de Colombia porque allá no se llegó al control absoluto de las instituciones. De haber sido así simplemente no hubieran inscrito como candidato presidencial a Gustavo Petro y el pacto hubiera seguido ofreciendo exactamente el mismo resultado de acumulación de privilegios y riqueza para unos pocos en detrimento del interés común.
Aquí el Tribunal Supremo Electoral está sometido a los más sucios intereses y es parte de la captura del Estado. Se dispone además de una Corte de Constitucionalidad que avalará cualquier resolución del TSE que impida la inscripción de algunos candidatos y no dará trámite a ningún Amparo que se presente en contra de resoluciones arbitrarias que tengan la finalidad de marginar a todo aquel que pueda ser una amenaza al sistema.
Con suficiente tiempo se está advirtiendo que ya cerraron la vía electoral, lo cual es muy grave porque arrincona a la población y la obliga a buscar otras rutas para tratar de enderezar el problema. Cierto es que durante nuestra historia hemos dado muchas muestras de que la imposición represiva y arbitraria nos ahueva, nos calla y nos somete. Por ello las largas dictaduras de los Carrera, Barrios, Estrada Cabrera, Ubico y los gobiernos militares del 70 al 82 del siglo pasado y a eso, sin duda, le está apostando la alianza oficialista que goza del respaldo de importantes organizaciones gremiales, tanto de sindicalistas como de empresarios que, así como mico con mico se dan la cola, comparten gustosos los frutos del saqueo.
