Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
El día de hoy se publica una nota que le ayudará a entender qué sucedió con la famosa Ley de Vacunación porque siendo un tema tan importante para el país, da la sensación como que los legisladores hicieron su trabajo de una manera poco integral.
Es muy común que uno tiene que estar adivinando qué quiso decir el legislador en la ley y que cuando hacen un cambio en un artículo, luego no ajustan el articulado necesario para que todo guarde coherencia.
Eso dejó en bandeja de plata a un Presidente que nunca compró, como ejemplo, las vacunas suficientes en el momento más necesitado de la pandemia porque prefirió hacer negocios con los rusos ya que los estadounidenses le estaban cayendo “gordo”. El tema no fue tomado con la seriedad debida y la pregunta es ¿cuántas vidas se pudieron haber salvado si en Guatemala hubiéramos tenido antes las vacunas disponibles?
Ayer el juez Geisler Pérez ligó a Leidy Santizo y Siomara Sosa por el delito de colusión. Por la forma en la que anunciaron el caso los amigos de Consuelo Porras y compañeros en los listados de Estados Unidos, ligarlas por un delito cuya pena no excede 5 años deja muchísimo qué pensar. Además de forzarlas a pasar más días en el Mariscal Zavala, parece como que esperaron la resolución de la Cámara Penal para “tener algo” de qué agarrarse.
Según un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para un delito menos grave debe ser competente un Juez de Paz y por lo tanto, Pérez debió inhibirse para el efecto. Lejos de eso, entiendo que fijó 4 meses para la investigación pero el mismo artículo 465 del Código Procesal Penal establece el procedimiento para delitos menos graves (los que tienen pena menor a 5 años).
Si a Erika Aifán tanto le dicen del tema de la “competencia”, ¿por qué no aplica el mismo rasero para Pérez? la Jueza de Mayor Riesgo está próxima a perder su inmunidad en un pastel que quedó “armado” para quitar a una juzgadora que muchos sienten incómoda por las causas que se llevan en su judicatura. No está acusada de recibir sobornos, ni de pactar para perjudicar o beneficiar a alguien, pero ella no tendrá la suerte de los jueces que han decidido servir al sistema paralelo de la justicia.
Dentro de esos casos, por cierto, hay uno en el que el presidente Alejandro Giammattei pudiera verse involucrado y hablando del mandatario, hemos visto cómo en las últimas semanas se ha esmerado en quedar bien con los grupos conservadores (especialmente evangélicos) y ha aumentado su retórica al respecto.
Como Ubico, maniobró para tener una “celebración nacional” en su cumpleaños y nada más y nada menos que el día de la familia. Ha usado el “conservadurismo” como herramienta para granjearse apoyos con los que busca defender el sistema y aunque su vida no sea “tan conservadora”, ha ido sumando esfuerzos alrededor de ello.
Y el sistema que Giammattei defiende, protege y busca fortalecer y mejorar también se encuentra con el consentimiento tácito de legisladores de “oposición” que parecen querer dejar el sistema como está, “por aquellos que les toque llegar a la Guayaba”.
No mueven un dedo por modificar los puntos medulares del sistema, ni siquiera presentan propuestas para generar debate, conciencia y alerta social, porque al fin y al cabo el sistema mal operado salpica y en especial aquellos que no han logrado dar enormes saltos en la vida privada, ven al Estado como el mejor botín y por eso se explica la escasa capacidad de servicio que hay en lo público.
