Víctor Ferrigno F.
Mi irrestricta solidaridad con Erika Aifán y Pablo Xitumul, jueces dignos y probos.
Hay júbilo popular en Honduras por la detención del ex-presidente Juan Orlando Hernández –JOH-, por un pedido de extradición de EE. UU., sindicándolo de tráfico de narcóticos y armas. La estructura criminal que campea en Honduras ha recibido un duro golpe, y pone en ascuas al pacto de corruptos en Guatemala.
El político que se alió con el ejército, el Congreso y Hilary Clinton para derrocar a Mel Zalaya en 2009, ayer caminaba engrilletado hacia la cárcel, a pocos días de que Xiomara Castro, esposa de Zelaya, tomara posesión como Presidenta de Honduras.
El gobernante que se hizo reelegir fraudulentamente en 2017, y creó una enorme estructura de poder para traficar 500 toneladas de droga hacia EE. UU., enfrentará un proceso de extradición que será resuelto por la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados nombrados por JOH, que ahora se enfrentarán a la vindicta pública si no resuelven con apego a la justicia.
El operativo de captura, que involucró a unos 600 efectivos policiales para resguardar al sindicado y su casa de las huestes que claman justicia, se desplegó por orden del juez contralor, Edwin Francisco Ortez Cruz, quien tuvo la misma entereza e integridad que han demostrado sus colegas guatemaltecos, como Erika Aifán, Pablo Xitumul, o Jassmin Barrios, para enfrentar estructuras criminales del más alto nivel, arriesgando el cargo y la vida.
Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, se pronunció inmediatamente sobre la solicitud de extradición que hizo Estados Unidos del expresidente de Honduras, celebrando la decisión de ese país y el Gobierno de Xiomara Castro por impulsar las acciones necesarias para llevarlo a la justicia.
Un día antes de la captura de JOH, se hizo pública una investigación periodística de la revista electrónica El Faro, de El Salvador, en la que relata que “un testimonio bajo custodia de la jueza Erika Aifán asegura que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, negoció en 2019 con el entonces ministro José Luis Benito un aporte de 2.6 millones de dólares a su campaña electoral a cambio de mantener a Benito en el cargo un año, para que siguiera operando la estructura de corrupción en obras públicas de la administración de Jimmy Morales. Una segunda fuente que trabajó con Giammattei confirma a El Faro la existencia de ese acuerdo. El FBI y el Departamento de Estado tienen desde hace meses copia del testimonio”. Esta prueba involucra a los exfuncionarios Giorgio Bruni y Miguel Martínez, quienes participaron en este ilícito.
Ayer martes, el exfiscal Juan Francisco Sandoval confirmó a Prensa Comunitaria que “existía información que podría involucrar a gente del gobierno con el hallazgo de dinero en Antigua”, refiriéndose a los Q122 millones encontrados en una residencia alquilada por José Luis Benito.
Este caso sacudió al gobierno, que lo negó, y pone en la cuerda floja al presidente Giammattei, quien deberá aprender que ser aliado ocasional de EE. UU. no lo librará de una posible extradición, tan pronto deje el cargo.
Esta información evidencia las razones por las cuales la Fiscal General y la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia han lanzado una ofensiva de acusaciones espurias contra la jueza Aifán, en defensa de Giammattei.
Por todo esto, es necesario que la ciudadanía articule una resistencia de grandes dimensiones, para defender a Erika Aifán, quien actualmente batalla en la primera línea de lucha contra la impunidad, y merece nuestra irrestricta solidaridad. Hoy por ella, mañana por nosotros.
