El apoyo a la instauración del Estado de Derecho, la mitigación del narcotráfico y la erradicación de la corrupción continúan siendo intereses que trascienden las fronteras de Estados Unidos; sin embargo, antes de fortalecer la agenda bilateral, los Estados centroamericanos deberían reconocer el declive en la confianza ciudadana.
Este enfoque fue remarcado por el Subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Todd Robinson, en su presentación del panorama general de las prioridades de EE. UU. en el hemisferio occidental.
DEBILITAMIENTO EN LA JUSTICIA CENTROAMERICANA
Bajo la temática “oportunidades, desafíos y el camino por delante”, el subsecretario expuso que el apoyo de la INL en Centroamérica será focalizado en tres áreas primordiales. Un primer pilar es el combate al crimen, acompañado de un sistema de justicia sólido.
Para este cometido, Robinson indicó que la institución colaborará con gobiernos centrales donde prevalezca una asociación efectiva; sin embargo, puntualizó que uno de los mayores retos en los países centroamericanos no es únicamente las fracturas en los órganos de justicia, sino la perspectiva ciudadana ante ello.
“Los Estados Unidos alientan a las autoridades del sector de la justicia de América Central septentrional a que reconozcan el déficit de confianza de los ciudadanos en las instituciones para realizar investigaciones y enjuiciamientos dignos de confianza y garantizar investigaciones judiciales fiables e independientes del delito”, declaró el funcionario.
PRIMERA HERRAMIENTA: ASISTENCIA PARA COMBATIR EL CRIMEN
En cuanto a este campo, el funcionario señaló la utilización de la asistencia de los Estados Unidos para hacer frente a la delincuencia internacional y apoyar la reforma de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Centroamérica.
“(En esta región) el apoyo de la INL a la programación del estado de derecho sigue siendo una prioridad en el marco de la estrategia sobre las causas fundamentales”, indicó el subsecretario.
Hasta ahora, destacó que este apoyo se ha centrado en incentivar a la sociedad civil centroamericana y a los grupos de vigilancia en sus esfuerzos por denunciar las malas prácticas de aplicación de la ley, abogar por la justicia y apoyar las reformas anticorrupción en sus países, “ya que nadie entiende estos desafíos mejor que aquellos cuyos medios de vida sufren a causa de ella”.
CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES
Además de la coordinación conjunta, la INL recordó que el apoyo se extiende a capacitaciones de policías, fiscales, jueces, y oficiales forenses y penitenciarios, para ayudar a crear instituciones democráticas transparentes, siempre y cuando sean entornos de asociación efectiva.
De acuerdo con lo anterior, el Subsecretario expresó que INL capacita a los agentes judiciales, mejora el cumplimiento de las normas internacionales y promueve la rendición de cuentas en los sistemas de justicia.
Por ejemplo, recientemente, el personal del Sistema Penitenciario de Guatemala fue entrenado por la INL en gestión penitenciaria en Canon City, Colorado.
HERRAMIENTAS PARA DISUADIR LA CORRUPCIÓN
El subsecretario agregó que, para complementar y reforzar esta asistencia, INL continuará trabajando con contrapartes interinstitucionales para emplear sanciones específicas y herramientas de disuasión para combatir la corrupción de alto nivel, el retroceso democrático y la delincuencia internacional.
#PORTADADEHOY
Porras pretendía que Gaitán no defendiera metodología ?? [https://t.co/kZI8A90KUB] pic.twitter.com/0tiP5fogAn— Diario La Hora (@lahoragt) February 4, 2022
Entre estas acciones destacó la restricción de visados anticorrupción y la aplicación del programa de sanciones de Global Magnitsky contra la corrupción, así como las medidas adoptadas en virtud de la Ley Kingpin y del Decreto Ejecutivo 14059, recientemente firmado, por el que se imponen sanciones a las personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas.
Además, resaltó que la INL también se coordina con los asociados pertinentes para actualizar el informe exigido en el artículo 353 de la Ley de Participación Reforzada de los Estados Unidos – Triángulo del Norte, también conocida como Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, donde actualmente se encuentran incluidas más de 50 personas.
