Algunos cuestionamientos que surgieron en torno a la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, que funcionó de enero a diciembre del 2020 era la duplicidad de funciones con el Vicepresidente de la República, los ministerios y los costos en que incurría con el pago de salarios; con el cierre de esa dependencia se creería que el Estado pudo disminuir gastos.
Sin embargo, de acuerdo con registros del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), algunas de las personas que formaron parte del equipo de trabajo de Miguel Martínez, exdirector ejecutivo del extinto Centro de Gobierno y hombre de “absoluta confianza” del presidente Alejandro Giammattei -tal como lo declaró en 29 de enero 2020-, están contratados en otras entidades públicas.
Turismo frente a la pandemia: ¿Cómo afectó el COVID-19 a este sector?
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Debido a las fuertes críticas de distintos sectores sociales y la presión ciudadana, en diciembre pasado, en un tono molesto, Giammattei anunció el cierre del Centro de Gobierno, y en medio de pugnas con el vicepresidente Guillermo Castillo, quien públicamente había pedido la supresión de ese ente.
EL PERSONAL DEL CENTRO DE GOBIERNO
Según la nómina publicada por la Secretaría General de la Presidencia correspondiente a diciembre de 2020, el entonces Centro de Gobierno estaba conformado por 20 trabajadores, incluyendo al exdirector ejecutivo Miguel Martínez, quien era el único de esa entidad que se encontraba en el renglón 011, con un salario líquido de Q34,608.53.
¿QUIÉNES SIGUEN CONTRATADOS POR EL ESTADO?
Al menos nueve de los 20 extrabajadores, incluido Martínez, del extinto Centro de Gobierno fueron contratados en 2021 por servicios profesionales o técnicos por entidades públicas, según registros que se encuentran en cada Número de Publicación Guatecompras (NPG) descritos a continuación:
NPG E482638893 y E489516939: Henry René Valdez Corado, obtuvo dos contratos con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el primero por Q129,870.97 de enero a junio y el segundo por Q132,000 de julio a diciembre. Total: Q261,870.97
NPG E483551473 y E491728018: Pablo Antonio Ramírez Leal obtuvo dos contrataciones en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), uno por Q114,967.74 de enero a junio y otro por Q132,000 de julio a diciembre. Total: Q246,967.74
NPG E483551384 y E488172837: Marco Alejandro Pérez Toribio también obtuvo un contrato en la SESAN por Q114,967.74 de enero a junio y otro con la Secretaría Privada de la Presidencia por Q175,000 de junio a diciembre. Total: Q289,967.74
NPG E482225912: Allan René De León Vela, contratado por Q178,548.39 en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de enero a diciembre.
NPG E482299045: Ingrid del Rosario Moir Berducido: obtuvo una contrato en la Secretaría Privada de la Presidencia por Q119,032.26 de enero a diciembre.
NPG E483062308 y E489437265: Pedro Luis Mejía Granja obtuvo dos contratos con el Ministerio de Cultura y Deportes, el primero por Q81,774.19 de enero a junio y el segundo de julio a diciembre por Q90,000. Total: Q171,744.19
NPG E483185892: Anayansy Carolina Rodríguez Castillo obtuvo contrato por Q242,000 con la Secretaría Privada de la Presidencia de febrero a diciembre. Sin embargo, el 17 de noviembre se conoció de su nombramiento como Subdirectora del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Hasta el momento en Guatecompras no se registra que se haya rescindido el referido contrato.
NPG E482964960 y E485712172: Nery Martín Méndez y Méndez, obtuvo dos contrataciones en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el primero por Q40,000 de febrero a marzo y el segundo por Q37,333.33 de abril a mayo. Total: Q77,333.33.
NPG E482298421: Lizett Marie Guzmán Juárez fue contratada por la Secretaría Privada de la Presidencia por Q333,290.32 para los meses de enero a diciembre; sin embargo, en marzo se rescindió su contrato, por lo que laboró solo tres meses en la entidad con una remuneración de Q25,290.32 en enero, en febrero y marzo Q28,000 cada mes. Total: Q81,290.32.
Además, Angélica Maribel López Cuyán se encuentra contratada bajo el renglón 022 en el Congreso de la República desde marzo, como secretaria en la Dirección de Recursos Humanos con un salario de Q8,000 mensuales, según consta la nómina que publicó el Organismo Legislativo, correspondiente a octubre.
Con la contratación de López Cuyán en el Congreso suman diez los extrabajadores del entonces Centro de Gobierno que fueron acogidos por entidades del Estado, esto representa el 50% de la referida nómina.
MIGUEL MARTÍNEZ MILITA EN VAMOS
Aunque Martínez no figura en ningún contrato durante este año, el 21 de noviembre en asamblea general, el exdirector ejecutivo del clausurado Centro de Gobierno, fue electo presidente del Tribunal de Honor del partido político VAMOS, con el que Giammattei llegó a la Presidencia.
El exfuncionario público también fue asesor del entonces diputado de Fuerza -partido con el que se postuló Giammattei en elecciones 2015- Raúl Romero, quien actualmente es el ministro de Desarrollo Social.
AC: AUSTERIDAD QUEDA EN OFRECIMIENTO
Eddie Cux, de Acción Ciudadana (AC), recordó que uno de los ofrecimientos que hizo Giammattei fue que su gobierno sería de austeridad, debido a la crisis económica que provocó la pandemia del COVID-19, pero con la contratación de las personas que estuvieron en el Centro de Gobierno se refleja que esto no fue así, explicó.
Según el consultor de AC, pareciera que el mandatario prioriza el pago de favores al contratar nuevamente al que fue personal de la referida entidad. Además, señaló que este grupo podría formar parte del círculo cercano de Giammattei.
En el caso de Anayansy Rodríguez, la Contraloría General de Cuentas (CGC) debe esclarecer si rescindió su contrato con la Secretaría Privada de la Presidencia antes de tomar posesión en el Inguat, ya que la Constitución prohíbe que un funcionario público tenga otro contrato laboral con el Estado, detalló Cux.
CIEN: PODRÍA TRATARSE DE UN ASUNTO CIRCUNSTANCIAL
David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indicó que este caso podría ser algo circunstancial, ya que posiblemente esas plazas laborales estaban pendientes de ser ocupadas y estas personas por conocer cómo es el ámbito público aplicaron a ellas.
Sin embargo, resaltó que se debe determinar si esas plazas se crearon en el momento que se dio el cierre del Centro de Gobierno o son puestos presupuestados.
El consultor del CIEN agregó que para establecer si estas contrataciones son resultado de un pago de favores, se debe hacer un examen minucioso con la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), para conocer cuáles eran las competencias de este personal y sus perfiles, así como determinar si cumplían con los requisitos para el puesto que ocupaban.
