Desde 2017 la comunidad de Laguna Larga en San Andrés, Petén, vive una crisis donde se le ha negado el acceso a la salud, educación y el desarrollo digno a sus habitantes. Hoy el diputado Aldo Dávila junto con el asesor José Chic recordaron la tragedia y enfatizaron que, cuatro años después de conocer el caso, el Estado de Guatemala ha sido incapaz de solucionar la situación
El 2 junio de 2017, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojaron a once familias que vivían en la comunidad Laguna Larga. Las autoridades argumentaron que el lugar debía ser desalojado por ser un área protegida; sin embargo, los habitantes aún no han sido reinstaladas en otras comunidades.
La Laguna Larga cuenta con medidas cautelares otorgadas por el Sistema Interamericano y una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor de la comunidad, pero, según Dávila y Chic, los habitantes aún carecen de derechos básicos y apoyo del gobierno de Alejandro Giammattei.
El bufete jurídico de Derechos Humanos así como el CCDA acompañados del diputado Aldo Dávila dieron a conocer la crisis sanitaria que viven los pobladores de Laguna Larga, San Andrés, Petén. pic.twitter.com/ZH2vHtRDqf
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UN ESTADO DE OJOS CIEGOS
“Es preocupante que el Estado de Guatemala se haga de ojos ciegos y oídos sordos”, describió el diputado Aldo Dávila al referirse a la inactividad del gobierno para solventar la crisis humanitaria en Laguna Larga.
El legislador detalló que las personas en este territorio viven bajo condiciones infrahumanas, enlistando las distintas carencias de la comunidad: “no se ha dado la respuesta a Salud, Educación; no están vacunados de Covid; no les han llevado alimentos y eso los vulnera muchísimo”.
Ante este panorama de olvido, Aldo Dávila responsabilizó al presidente de la República Alejandro Giammattei y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) por aplazar el caso sin obtener resultados significativos.
“Desapareció la COPREDEH, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la COPADEH no ha tenido la capacidad de darle respuesta a todas estas sentencias y problemáticas que viven estos guatemaltecos que fueron desalojados de sus viviendas”, dijo el diputado.
Dávila agregó que, si las necesidades de la comunidad Laguna Larga no son atendidas, se procederá a otro tipo de acciones para visibilizar la problemática.
MEDIDAS CAUTELARES HAN SIDO IGNORADAS
Por otro lado, el asesor del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), José Chic recordó que continúa vigente la resolución de la CC que ordena al presidente Giammattei y sus ministros de Estado acatar las medidas cautelares de la comunidad. La sentencia describe que en el proceso deberán intervenir el Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda (Minciv), el Ministerio de Educación (Mineduc), el Ministerio de Finanzas (Minfin), entre otros.
“Hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que le ordena una reubicación integral con la construcción de un establecimiento educativo, un centro de salud, carreteras y proyectos productivos para que la comunidad vuelva a iniciar un desarrollo integral”, refirió.
Asimismo, indicó que se ha solicitado un diálogo entre la Copadeh y Alejandro Giammattei, pero no ha sido atendida la solicitud. “Han colocado al frente a la Copadeh, una institución que no ha tenido la capacidad de resolver esas situaciones; se ha pedido en varias ocasiones a la Copadeh tener un diálogo con Alejandro Giammattei y decirle cómo es que debe cumplir las medidas cautelares”, declaró Chic.
José Chic atribuyó la problemática a una falta de voluntad política y el abandono del Estado a los niños y niñas entre la frontera de Guatemala y México.
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“Hay niños que no se sabe si son guatemaltecos o mexicanos porque ni siquiera han tenido acceso a un registro. Hay catorce personas que han fallecido en el campamento de la Laguna Larga y donde tenía anteriormente la escuela, ahora lo que hay es un estancamiento militar”, describió.
