La Comisión de Reformas al Sector Justicia desarrolla discusiones técnicas encaminadas a presentar una propuesta de reforma y la inclusión de nuevos delitos al Código Penal. De momento, resalta la regulación del delito de odio, agresión, acoso laboral y la defraudación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre otros.
Esa sala legislativa ha sostenido varias reuniones con sectores que mostraron interés para aportar opiniones y comentarios, los cuales serían incluidos en la iniciativa de ley 5494.
Dentro de la propuesta se contempla que la figura de odio y agresión, acoso laboral y defraudación al Instituto Guatemalteco de Seguro Social sean tipificados como delitos.
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Artimaña evidencia que tienen votos necesarios para el Presupuesto 2022 ?? [https://t.co/OWVTlJnH9K] pic.twitter.com/tard62BJpX— Diario La Hora (@lahoragt) October 26, 2021
La Comisión de Reformas al Sector Justicia ha recibido propuestas de distintos ministerios, entre ellos, Salud, Economía, Educación, Comunicaciones, Minex y Trabajo.
Además, contó con la participación de representantes de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo.
Para este martes se tiene planeado el desarrollo de audiencias públicas en donde participará el sector empresarial, tanques de pensamiento y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
INTENTOS POR REFORMAR CÓDIGO PENAL
En noviembre de 2019, el Congreso aprobó reformas al Código Procesal Penal en la que se incorporó el procedimiento de aceptación de cargos para reducción de penas.
Con ese cambio, buscaba viabilizar la aceptación de cargos y reducir penas hasta en 50 por ciento. Varios sectores de la sociedad criticaron las reformas al considerarlas un retroceso en la lucha contra la impunidad y corrupción en el país, asegurando que beneficiaría a diputados, financistas o particulares que tienen casos abiertos o en prisión por delitos como lavado de dinero y corrupción.
Posteriormente la Corte de Constitucionalidad suspendió su aprobación, luego de recursos de inconstitucionalidad presentados por organizaciones sociales.
Además, en 2018, el Congreso aprobó las reformas al financiamiento electoral ilícito en el Código Penal, decreto 23-2108, con ello, se benefician a financistas y políticos que enfrentan una investigación por este delito.
Organizaciones de la sociedad civil señalaron esta reforma como una amnistía para financistas y secretarios generales de partidos vinculados al delito en mención.
