La absolución fue a favor del expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez. Foto: La Hora/Archivo

Por medio de un documento al cual tuvo acceso La Hora, se confirmó que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los magistrados Josué Felipe Baquiax, José Antonio Pineda Barales, Freedyn Waldemar Fernández Ortíz y Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, confirmaron la sentencia absolutoria en el caso denominado IGSS-Pisa. Los abogados ya fueron notificados de la resolución.

La absolución fue a favor de la exdirectiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre los que se mencionan a Juan de Dios Rodríguez, así como a Otto Mollina Stalling, hijo de la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling.

IMPROCEDENTES RECURSOS DE CASACIÓN, POR MOTIVO DE FONDO

Los magistrados de la CSJ resolvieron declarar improcedentes los recursos de casación, por motivo de fondo, los cuales fueron planteados de manera separada por el Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y el IGSS en contra de la sentencia de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones dictada el 5 de junio de 2019.

 

Los togados argumentaron que no existe error jurídico en el fallo de la Sala, por lo que confirmaron la sentencia absolutoria en segunda instancia.

Las personas beneficiadas en el proceso formaron parte de la Junta Directiva del IGSS, siendo ellos Juan de Dios Rodríguez, Max Erwin Quirin, Julia Amparo Lotán, Julio Roberto Suárez. La resolución también beneficia a Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada separada del cargo Blanca Stalling.

ANTECEDENTES

Según las pesquisas realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), los señalados en el caso permitieron la contratación de la Droguería Pisa para brindar el servicio de diálisis en el IGSS a pacientes que tenían enfermedad crónica renal sin contar con la capacidad para hacerlo.

 

También indicaron que hubo un grupo delictivo que se benefició de forma ilegal de la administración pública por la contratación de servicios para la remodelación de instalaciones del IGSS en Chiquimula.

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