Durante los últimos días han surgido señalamientos en medios aliados a la Fiscal General, Consuelo Porras, respecto a las actuaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el caso Odebrecht, en el que según han expresado se busca vincular al exjefe de esa unidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval por un acuerdo “opaco” de resarcimiento de la constructora brasileña a Guatemala.
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CSJ autorizó diligencias por el Caso Odebrecht ? [https://t.co/MErPl0nXMS] pic.twitter.com/GXH2kyhjoL— Diario La Hora (@lahoragt) September 29, 2021
La Hora se dio a la tarea de indagar más al respecto, buscar los hechos y sus respectivos soportes y pudo determinar que las diligencias de esta pesquisa han sido autorizadas desde un juzgado del Organismo Judicial (OJ).
EL ANUNCIO PRESIDENCIAL
“Sí y espérese a ver lo que va a salir del caso Odebrecht, porque Guatemala es uno de los países donde no se destapó, ahora ¿por qué? Ya lo sabremos”, indicó el pasado sábado el presidente, Alejandro Giammattei en el programa “Cara a Cara” de CNN en Español.
El lunes, la abogada de Juan Francisco Sandoval explicó que no se le ha dado acceso a la información del expediente al cual buscan vincular al exfiscal y que podría ser el caso Odebrecht, pese a que Giammattei mencionó avances en esta investigación.
Además, comentó: “La desinformación al respecto de estos casos señala la existencia de un supuesto acuerdo ‘opaco’ -con Odebrecht-”, pero recalcó que ese acuerdo fue conocido y sus diligencias autorizadas por un tribunal guatemalteco, el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de Claudette Domínguez.
JUZGADO AUTORIZA DILIGENCIA, CON CONOCIMIENTO DEL OJ
La Hora tuvo acceso a documentos en los que se puede verificar que las diligencias desarrolladas por la FECI en el caso Odebrecht han sido avaladas e incluso coordinadas en algunos aspectos por el Juzgado de Mayor Riesgo “A” y el OJ.
El primero de ellos es un oficio del 1 de septiembre del 2017, firmado por Domínguez y dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en ese entonces era el magistrado, Nery Osvaldo Medina.
En el documento, hace de conocimiento a la Presidencia del OJ que el 8, 11 y 12 de septiembre realizaría una audiencia oral de primera declaración por medio de videoconferencia y que deben enlazarse con la República Federal de Brasil, específicamente a la ciudad de San Paulo, por lo que pide a la Corte girar las instrucciones necesarias para coordinar con ese país la diligencia.
El 4 de septiembre de 2017, la subsecretaria de la CSJ, Cecilia Odethe Moscoso Arriaza de Salazar, certifica que la resolución de la Jueza de Mayor Riesgo “A” es auténtica, es decir, conoce las actuaciones de la FECI, las cuales han sido autorizadas por una judicatura.
En el siguiente documento a la vista, fechado también el 4 de septiembre, la Subsecretaria de la CSJ “con instrucciones de la superioridad”, remite a Domínguez la certificación de la resolución original emitida por la Presidencia del OJ.
Con este se adjunta un oficio de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, en el cual se consigna que da: “Por recibido el oficio proveniente de la Jueza Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “A” del departamento de Guatemala, relacionado a la solicitud presentada por el representante del Ministerio Público de llevar a cabo la audiencia de primera declaración dentro de la carpeta judicial identificada en el acápite, a través de videoconferencia desde la REPÚBLICA FEDERAL DE BRASIL, CIUDAD DE SAO PAULO”.
Además, destaca que debe enviarse el oficio a la jueza Domínguez para que la declaración testimonial sea diligenciada conforme a los lineamientos que indique la Directora de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, para ello, la togada debía instruir al Ministerio Público para que realizara el trámite correspondiente.
INCLUSO PRESIDENCIA DEL OJ SEÑALA LINEAMIENTOS PARA DILIGENCIA
En otro oficio del 4 de septiembre dirigido a la Jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, la Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial, informa que esa instancia autoriza a la Empresa Consultoría y Servicios Euro-Americanos Sociedad Anónima para que designe a un traductor jurado que actúe como intérprete del español al portugués y viceversa en la audiencia.
Incluso requiere que se informe a la Presidencia del OJ de la duración de la participación del intérprete, así como otros datos de la persona delegada e instruye a la Gerencia Financiera para que cancele sus honorarios, entre otros lineamientos en caso la audiencia se suspenda.
DOMÍNGUEZ TAMBIÉN DA INSTRUCCIONES PARA LA AUDIENCIA
En otro oficio, pero de la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez al coordinador de Asignaciones del Instituto de la Defensa Pública Penal, solicita a esa entidad que designe abogados para los días que se realizará la audiencia oral de declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba por videoconferencia desde Brasil.
Además, explica que la presencia de los defensores es para garantizar los derechos de terceras personas que podían resultar afectadas y pide que sea un mismo abogado para los tres días programados de la diligencia.
Por último, la togada envió una carta al Director del Centro de Informática y Telecomunicaciones a quien le hace saber de las diligencias y pide su colaboración para que gire las instrucciones necesarias para que se coordine el apoyo de esa unidad que permita realizar la videoconferencia con Brasil.
LO QUE HA SUCEDIDO RECIENTEMENTE
El pasado 23 de septiembre, se confirmó que la fiscal general, María Consuelo Porras ordenó el nombramiento de una nueva fiscal a cargo del caso Odebrecht. Para ello ascendió a Vilma Pérez Pineda quien se integró a la FECI.
Previamente el expediente estuvo bajo responsabilidad del también recién ascendido y cercano a la jefa del MP, Pedro Hernández.
El pasado lunes, la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán señaló durante la audiencia de etapa intermedia del caso Odebrecht programada para Carlos Batres, que enviará un oficio a la Fiscal General porque Vilma Pérez, habría revelado información bajo reserva a uno de los abogados defensores.
