Debido a la crisis institucional en el Ministerio Público (MP) ocasionada por los actos de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, en las distintas fiscalías, algunas investigaciones de alto impacto que involucran a funcionarios y exfuncionarios corren el riesgo de quedarse estancadas.
Una de las decisiones de Porras que ha generado controversia, es la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien era jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la cual fue fuertemente criticada por la comunidad internacional, especialmente por el gobierno de Estados Unidos, afirmando que no confiaban en ella y suspendiendo la ayuda para el MP.
Sin embargo, despedir a Sandoval del MP no ha sido la única acción cuestionable de Porras, también ha llamado la atención los movimientos que ha hecho en otras fiscalías, como en la Fiscalía contra la Corrupción, lo cual ha provocado que se hayan detenido algunos casos importantes que conoce esta unidad, según dijeron a La Hora fuentes con conocimiento del tema, que pidieron el anonimato por temor a represalias.
POLÉMICOS CAMBIOS EN FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El 16 de abril, Porras removió al entonces jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, y lo nombró jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Según el MP, la remoción de Campo de la Fiscalía contra la Corrupción se hizo para “fortalecer” la Fiscalía contra el Tráfico ilícito de Migrantes.
El cambio de Campo a otra fiscalía se dio a días de que él pidiera información al Congreso de la República sobre la toma de posesión del expresidente Jimmy Morales, según pudo conocer en su momento La Hora.
Además, el 10 de julio, Porras trasladó de unidad al auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón; de la Fiscalía contra la Corrupción pasó a la Fiscalía Liquidadora del MP. Su cambio se hizo a dos semanas de que revelaran pesquisas en el Instituto de la Víctima, dirigido por Alejandra Carrillo, esposa del diputado de TODOS y señalado de corrupción por el gobierno de Estados Unidos, Felipe Alejos.
El MP justificó que el cambio de Pantaleón se hizo para resguardar su vida y minimizar el nivel de riesgo, pero no explicaron cuál era el peligro que corría al estar en dicha fiscalía.
La Hora conoció que el cambio de Pantaleón obedecía a las investigaciones que se realizaban en el Instituto de la Víctima.
INVESTIGACIONES DE ALTO IMPACTO EN RIESGO
De acuerdo con las fuentes, alrededor de 15 investigaciones de alto impacto a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción están en riesgo de quedarse estancadas, sin que se den resultados, ya que con la salida de los fiscales Campo y Pantaleón, no han tenido el mismo seguimiento, como cuando ellos se encontraban en dicha unidad, agregaron.
Las fuentes señalaron cuáles son los casos de alto impacto que están en riesgo de quedarse estancados.
Carretera a finca de Giammattei:
La Fiscalía investigaba la construcción de una carretera entre Santa María de Jesús, Sacatepéquez y Palín, Escuintla, que beneficiaría a la familia del mandatario, ya que este daría acceso a una propiedad ostentosa de Giammattei, según un reportaje de Artículo 35.
Sobornos a Mynor Moto:
El prófugo de la justicia y exjuez, Mynor Moto tiene orden de captura por supuestamente beneficiar a implicados en el Caso Libramiento de Chimaltenango, señala la investigación de la fiscalía.
Corrupción Ministerio de Cultura y Deportes:
La fiscalía realiza la investigación de tres posibles hechos de corrupción a lo interno de la cartera, que tienen relación con la contratación de personal y compras. Por este caso se encuentra enfrentando proceso penal el exministro de Cultura, Elder Suchité Vargas, quien fue asignado al cargo por el expresidente Morales.
Palín, Escuintla, que beneficiaría a la familia del presidente Alejandro Giammattei. Foto. La Hora/Archivo
Arrendamiento Instituto de la Víctima:
La fiscalía investiga una posible sobrevaloración de arrendamiento y pago de “mordida” en torno al edificio donde se ubica la sede central de la entidad, en el que se presume que Carrillo se beneficiaría con parte del pago del alquiler.
Plazas fantasmas Instituto de la Víctima:
El caso es entorno a la contratación de 109 personas que habrían sido apadrinadas por funcionarios y exfuncionarios de los Organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, por lo que, las contrataciones no se habrían apegado a lo que establece la ley.
Libramiento de Chimaltenango:
La “mega obra”, como la presumió Morales, tuvo un costo estimado de Q500 millones, pero ha registrado varios derrumbes derivado a problemas del diseño que realizó el ministerior y durante las lluvias la carretera se inunda. Acusados de anomalías en las contrataciones para la construcción vial fueron capturados exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y representantes de las constructoras a cargo del proyecto; además, se giró una orden de captura en contra del exministro José Luis Benito, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Pruebas falsas Covid-19:
La fiscalía tiene asignado el caso de corrupción que denunció en su momento la ministra de Salud, Amelia Flores, por la compra de 30 mil pruebas para detectar el SARS-CoV-2, por Q7,350,000 a la empresa Kron Científica Industrial, S.A., las cuales resultaron ser falsas.
Compras a Labymed:
En su momento Campo anunció que investigaban las compras que realizó el Estado a la empresa Labymed S.A., para atender la pandemia Covid-19, ya que, según denuncias de diputados, podrían existir anomalías en las contrataciones, puesto que esta empresa pudo ser beneficiada porque donaron equipo médico al gobierno de Alejandro Giammattei.
Vacunas rusas:
La fiscalía de oficio inició una investigación por la compra de las vacunas Sputnik V con proveedores rusos. El gobierno de Giammattei pagó por adelantado 8 millones del fármaco, Q614.5 millones, de los cuales solo han sido entregados poco más de 1 millón de los inmunizadores.
Caso Insivumeh:
La investigación está relacionada con anomalías por una contratación que hizo el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) a la empresa Outsourcing Total S.A., por Q22 millones, la cual está vinculada al diputado de Prosperidad Ciudadana, Jorge García Silva.
Caso Q135 millones:
La fiscalía tiene asignada la investigación para determinar el destino de Q135 millones del Ministerio de Comunicaciones, dirigido en ese entonces por el ahora diputado de VAMOS, Josué Edmundo Lemus. En su momento, el exdirector de Caminos, Fredy Chojolán afirmó en una citación del Congreso, que se había autorizado una transferencia millonaria, supuestamente, con su firma falsificada.
Caso parientes de Chojolán:
Además, la fiscalía tiene a su cargo una investigación por adjudicaciones millonarias a constructoras vinculadas a familiares del exdirector de Caminos, Fredy Chojolán.
anuales, los cuales han significado un aporte histórico para la justicia guatemalteca”. Foto. La
Hora/Archivo
OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN
Asimismo, las fuentes indicaron que otro de los casos en peligro es uno sobre la construcción de la carretera Sanarate-El Rancho, así como posible corrupción a lo interno de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones y corrupción en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
El Seguro Médico Escolar, contrataciones del Estado a favor de empresas vinculadas al presidente del Congreso, Allan Rodríguez y anomalías en negociación de frecuencias por autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), son otras investigaciones a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción que peligran, señalaron las fuentes.
Añadieron que, en los casos del Libramiento de Chimaltenango y Ministerio de Cultura, la fiscalía contemplaría una segunda fase en las investigaciones.
PORRAS: “EL MP HA DEMOSTRADO SUS AVANCES”
El jueves recién pasado, Porras emitió un mensaje pregrabado en el que hizo señalamientos en contra de Sandoval, a quien un día después se autorizó una orden de captura en su contra, por un caso que se encuentra bajo reserva, según informó el MP.
En dichas declaraciones, la fiscal general aseguró que su administración ha demostrado “sus avances, a través de los informes anuales, los cuales han significado un aporte histórico para la justicia guatemalteca”.
“En 24 años de existencia, únicamente se contaba con dieciséis por ciento de cobertura nacional, mientras que, en la actual administración, en menos de tres años alcanzamos el cien por ciento de cobertura”, agregó.
Según Porras, “el combate a la corrupción e impunidad continua firme como tarea de todo el MP”.
