Entre las tachas planteadas en la Comisión Postuladora en contra de los aspirantes para optar al puesto de fiscal general del Ministerio Público (MP) en 2018, había una en contra de María Consuelo Porras Argueta, planteada por organizaciones sociales respaldada en una resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que determinó la violación al derecho a la educación a una estudiante en 2004 en el Colegio El Pilar donde Consuelo Porras fungió como directora.
En el documento firmado por el entonces procurador, Sergio Morales, se consigna que habían indicios racionales de responsabilidad de la titular del centro educativo, es decir, la actual Fiscal General.
Sin embargo, se desligó en su momento con una carta, donde aduce que la resolución fue en contra de otra persona, a pesar de que en el documento de la PDH ella es la señalada y no se conoce de otro que lo corrija.
En el descargo que presentó a la Comisión de Postulación, argumentó que en ningún momento se declaró condena moral en su contra.
“Nunca fui yo la persona denunciada, ni menos conferirme audiencia, ni notificación alguna de todas las resoluciones objeto del procedimiento, tampoco se me pidió el informe circunstanciado de los hechos denunciados en ese sentido, ante la violación del debido proceso, derecho de defensa, y derecho de audiencia, solicité que se rectificara el error cometido en la resolución anteriormente descrita, puesto que nunca he sido la Directora del nivel básico del establecimiento educativo El Pilar, donde surgió el posible problema, ya que la Directora era la señora JUANA PORRAS ARGUETA”, aseguró.
Sin embargo, no adjunta ningún documento que respalde lo mencionado.
Además, afirmó que “en ningún momento se declaró condena moral en mi contra, ya que únicamente se lee en la resolución final del procedimiento de fecha 7 de julio del año 2004, que existen indicios racionales de responsabilidad”.
LO QUE DICE LA RESOLUCIÓN DE LA PDH
En la resolución de la PDH de julio de 2004, Consuelo Porras es señalada como responsable de un incidente relacionado a la modificación del procedimiento de enseñanza-aprendizaje que normalmente se aplicaba a los estudiantes de este centro educativo.
Por medio de una denuncia de la madre de una menor se evidenció que a su hija se le exigía la entrega de tareas semanales y de trabajo para realizarlas a distancia, sin la supervisión directa de los catedráticos lo cual dio motivos para iniciar con la investigación de la PDH.
“Mediante entrevistas con autoridades del citado Colegio y del Ministerio de Educación, así como con base en informes rendidos a solicitud del Procurador de los Derechos Humanos, se estableció que la menor… salió afectada en su proceso de formación educativa, al haberse acordado con las autoridades respectivas un sistema de educación en su propia casa, donde recibía cada viernes las tareas que habían sido desarrolladas en el aula por todos sus compañeros, pero sin contar con la debida tutoría ni la dirección del personal docente”, se consigna en el documento.
Además, se menciona que la menor en su momento sufrió quebrantos de salud que le impidieron aprobar el tercer grado básico durante el ciclo lectivo 2003.
“Ante las gestiones de la madre denunciante en dos mil cuatro para inscribir a la menor, se le indicó que la misma sería recibida bajo las mismas condiciones impuestas en el año anterior, circunstancia que aseveró la señora María Consuelo Porras Argueta, Directora del mencionado centro de enseñanza, pues se seguiría aplicando el Sistema de Educación a Distancia, aduciendo motivos de seguridad y resguardo que habrían tenido razón de ser en el año dos mil tres pero que a la fecha han desaparecido”, agrega.
PDH DECLARA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE LA EDUCACIÓN
Por ello, la PDH resolvió declarar el 7 de julio de 2004, la violación al derecho humano a la educación de la menor de edad, por las razones expuestas.
En el informe, agrega que existen indicios racionales de responsabilidad de la directora del centro educativo en referencia a María Consuelo Porras Argueta.
A pesar de los señalamientos, la objeción fue desestimada por la Comisión de Postulación para Elección de Fiscal General del MP.
¿CÓMO LA DESESTIMÓ?
En este contexto, La Hora trató de establecer comunicación con José Pineda Barales quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Postulación a Fiscal General, para establecer cómo le dieron validez al documento de Porras Argueta en ese momento, sin embargo, pidió buscar la resolución en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.
«Mejor vaya a Secretaría donde están los documentos. Ahí está toda la documentación, decirle ahorita cuáles objeciones y qué fue, no recuerdo», indicó.
A LA ESPERA DE POSTURA DEL MP
Este medio requirió una postura al jefe de Información y Prensa del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, sin embargo, al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta. De obtenerla, se consignará en este espacio.
#PORTADADEHOY
S. Power: El MP debe dejar de ponerse del lado de los corruptos ? [https://t.co/HZcfBVEJSS] pic.twitter.com/x4Q4zrKvGd— Diario La Hora (@lahoragt) August 4, 2021
SE REFIRIÓ AL CASO EN 2014
En una entrevista con Plaza Pública el 4 de mayo de 2014, Consuelo Porras se refirió a esa situación, porque en el proceso de selección de ese año también se presentó esa objeción hacia su candidatura.
“El cuestionamiento sobre esta “tacha” no la inmuta, mantiene su gesto de amabilidad y agradece la oportunidad de aclarar esta situación. Según explica, fue la madre de dos alumnos quien llegó a un convenio con la subdirectora del plantel debido a que uno de ellos se había involucrado con pandillas y le preocupaba su seguridad. En su explicación, la subdirectora le ofreció cambiar de jornada a la alumna para no poner en riesgo la vida de los demás estudiantes y esto provocó la denuncia de la madre”, aseguró en esa oportunidad a Plaza Pública.
“Yo no aparezco en todo el expediente y al final en lugar de poner el nombre de la directora, que era mi hermana, pone el mío”, agregó en esa ocasión.
