Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
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En el período de 2014-2019 se dio el combate más eficaz y de larga duración a nivel mundial del complejo fenómeno de la corrupción. Ni el período de las “Manos Limpias” en Italia a principios de los 90´s (duró un año) ni el combate a la misma en Rumanía de 2014 a 2018 con la fiscal Laura Codruta Kovesi (actual Jefa de la Fiscalía Europea) cuyos paralelismos con lo que ocurrió en Guatemala son impresionantes, ninguno ha sido de tanto calado, extensión y duración. CICIG/FECI procesó más de 70 casos judiciales de alto impacto los cuales tienen más de 900 imputados y a la fecha tiene más de 310 condenados (muchos con aceptación en procedimiento abreviado). Adicionalmente, derivado de la aplicación de la extinción de dominio en estos casos se devolvieron al Estado más de $30 millones, 158 vehículos, 86 inmuebles con valores millonarios algunos, aeronaves y millones de dólares inmovilizados en distintas jurisdicciones a Sinibaldi ($8 millones en Suiza) y a otros imputados.
Lo cierto es que quedó desnudado ante los ojos de la población en general lo que antes eran “rumores” o se sabía de “oídas”. Es decir, que la corrupción existía en la construcción de obra gris, en los servicios de salud pública, las aduanas, la administración de puertos, la devolución de crédito fiscal, obra en las municipalidades, que el Congreso pasaba leyes a la medida con pago de por medio, la utilización de dinero público para financiamiento electoral, que se “pasa el sombrero” en las cámaras para los “ungidos” en las elecciones, así como la intolerable práctica de usar el Estado como agencia de empleo por medio del ejército de “plazas fantasmas” a favor de la Presidencia, Vicepresidencia, Ministros, diputados y sus allegados.
No obstante, a partir de finales del 2017 y, principalmente a partir del 2018, de forma “milagrosa” se tejió una alianza asombrosa, por indecorosa, en el que se unieron grupos tan disímiles como gremiales (abogados), empresariales, militares y del crimen organizado. Éstos, usando la institucionalidad pública, lograron que la administración Trump volteara la vista mientras desmantelaban la CICIG. Posteriormente su objetivo fue la toma de las Cortes para evitar las consecuencias negativas de los casos iniciados por FECI/CICIG o bien evitar la prosecución de nuevos. A finales del 2019 y 2020 se enfocaron en la Corte Suprema de Justicia y Salas y luego de las revelaciones del caso Comisiones Paralelas se trasladó el objetivo a la CC. Por ahora esa alianza ha tenido éxito. Han logrado “atenazar” la elección de Cortes dejando actuar a la magistratura pasada que le es favorable y se percibe una CC de su “agrado”.
¿Cuánto más durará la alianza? Pues es difícil determinarlo. Su cometido lo han logrado, han detenido la elección de Cortes a su antojo. La CC les es cómoda. Sin embargo, para algunos pareciera que pronto los “costos” de la alianza sobrepasarán sus beneficios. Si bien la alianza ha sido útil en el marco de obtener ventajas en las Cortes, lo ha sido mucho menos para las élites empresariales. Así, si bien sí han sido aprobadas algunas leyes de interés (ley de leasing y zonas francas), están engavetadas las iniciativas que son de mucho más interés. De esa forma la Ley de Infraestructura Vial está muerta, al igual que las reformas a la Ley de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo y la ley de la reparación de la Carretera a Puerto Quetzal. ¿Por qué? Porque ciertos miembros de la alianza prosperan de la construcción de obra pública (vial y de todo tipo) y la usan para lavar dinero. Consecuentemente, nunca pasarán esas iniciativas si en el proceso se pudiera afectar la gasolina del “sistema político”. Por lo anterior, considero que, salvo eventos o acusaciones extraordinarias que expongan a los miembros de la alianza, lo único que podrá hacer que ésta se deshaga es: i) la realización de los miembros que más pueden perder de continuar en la misma, de las pérdidas que pueden sufrir si EE. UU. endurece su postura con sanciones comerciales (descertificación de puertos o invocación de la cláusula de seguridad nacional en CAFTA por no combatir la corrupción) o ii) la realización de que la agenda económica es “rehén” de ciertos miembros de la alianza y, por ello dejen de apoyarla. Tal vez se den cuenta que con el lavado de sus ganancias en la obra pública ya los desplazaron como los actores principales determinantes del sistema político y por ellos traten de restablecer el “equilibrio”. Sólo el tiempo dirá, lo cierto es que ya ciertos sectores, como los más ligados a la exportación a EE. UU. o las cámaras más cercanas a dicho país ya muestran atisbos de darse cuenta que la única vía es reformar el insostenible sistema (de justicia, de contratación de obra pública y electoral) y sanearlo. Esperemos otros los sigan y acompañen los deseos de la ciudadanía consciente y cooperen en lograr consensos.
