Víctor Ferrigno F.
A Mario López Larrave, maestro y amigo, asesinado hace 44 años.
Ayer, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, advirtiendo que en América Latina y el Caribe (ALC) estamos atrapados entre la alta desigualdad social y el bajo crecimiento económico; situación que se agrava por la concentración de poder, la violencia, y las políticas de protección social ineficientes, que alimentan ese círculo vicioso y limitan el desarrollo humano.
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 (IRDH) señala que “La brecha entre extrema riqueza y extrema pobreza y vulnerabilidad que caracteriza a la región quedó en evidencia como nunca y se profundizó aún más a raíz de la pandemia de la COVID-19. Además, analiza la trampa en la que se encuentra sumida la región, que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El informe explora tres factores que se repiten y retroalimentan el círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien.
“El informe hace un llamado a los latinoamericanos para que comprendan la conexión entre todos estos factores y destaca un punto de entrada que puede servir para liberarse del bajo crecimiento y alta desigualdad: la implementación de sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento,” explicó Luis Felipe López Calva, Subsecretario General Adjunto de la ONU y Director Regional de PNUD para América Latina y el Caribe.
El documento señala que la concentración de poder en manos de unos pocos (como el Pacto de Corruptos) que defienden sus intereses privados es uno de los factores que conectan la alta desigualdad con el bajo crecimiento. A través de su influencia política, el poder mal utilizado distorsiona las políticas públicas y debilita las instituciones.
Un ejemplo que se destaca en el IRDH es el rol de las élites económicas en el bloqueo a reformas fiscales que apoyarían una forma más progresiva de redistribución. Para balancear la distribución de poder, el organismo sugiere explorar líneas de acción como la regulación del lobby y el financiamiento de las campañas políticas.
Si la anterior observación es válida para ALC, en Guatemala alcanza su máxima expresión. Basado en los múltiples casos investigados, el ex Comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, tuvo la visión de señalar que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia electoral guatemalteca.
En el IRDH también se destaca que la región es la más violenta del planeta, y advierte que si bien la desigualdad causa mayor violencia, ésta también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, contribuyendo a perpetuar su estado de privación. La violencia limita también el crecimiento a través de su impacto sobre el capital humano (y la productividad) y sobre la inversión pública y privada que se ve distorsionada, así como por el gasto en seguridad y por la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad.
Entre las líneas de acción que propone el documento para abordar este tema, figura el fortalecimiento del sistema de justicia, que en Guatemala ha sido cooptado por la alianza criminal de los políticos corruptos, los empresarios venales y los militares genocidas.
Finalmente, el IRDH plantea que las soluciones deben llevar a un mayor crecimiento económico con sostenibilidad ambiental, y a una mayor inclusión y movilidad social. Propone soluciones que requieren balancear el poder en el área de la definición de reglas y políticas, erradicar la violencia en todas sus formas y redefinir el ambiente institucional que constituye la esencia del contrato social: las oportunidades en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social. Este es un horizonte lejano para Guatemala.
