Carlos Rolando Yax Medrano
El COVID-19 puso en discusión dos temas: salud y economía. El colapso de los sistemas de salud, que vieron excedidas sus capacidades de atención, tuvo como consecuencia la implementación de medidas drásticas de distanciamiento social para relajar la carga sanitaria. Sin embargo, la suspensión de las actividades productivas provocó tensión en los sistemas económicos. Por lo tanto, en todo el mundo se entendió que la única solución a la pandemia es la vacunación. Sin vacunas, la única forma de limitar la transmisión del virus es detener todas las actividades, pero no se pueden detener las actividades todo el tiempo.
El contexto latinoamericano presentaba dificultades particulares. La debilidad institucional que se materializa en infraestructura, personal y recursos insuficientes para satisfacer las necesidades de los servicios sanitarios, significó un momento crítico para los gobiernos de la región. Guatemala, entre todos los países, tenía las peores condiciones y las más grandes necesidades en el Sistema de Salud. Para enfrentar la situación, el gobierno tenía dos opciones: planear o improvisar. Durante los 15 meses transcurridos desde que se reportó el primer caso, ha ocurrido de todo. El gobierno no le pagó al personal médico de los hospitales que atienden el COVID-19, el Presidente le dijo a su población que saliera a la playa sin preocupaciones durante Semana Santa y la Ministra de Salud creyó que nadie iba a querer vacunarse.
Guatemala negoció con Rusia la compra de 16 millones de vacunas Sputnik V e hizo el pago del 50% por un total de 614.5 millones de quetzales. Se suponía que así se iban a inmunizar a 8 millones de personas, la mitad de guatemaltecas y guatemaltecos. Hasta el momento, Guatemala solo ha recibido 150 mil vacunas Sputnik V, gracias a las donaciones se han vacunado a 661 mil personas con la primera dosis, pero aún quedan 575 mil personas pendientes de la segunda dosis y casi toda la población del país pendiente de vacunarse. Según el Laboratorio de Datos, al ritmo actual de vacunación, las vacunas disponibles se acabarán el 4 de julio de 2021 y tomará 2.9 años vacunar a todos los mayores de edad.
La población ya entendió que Alejandro Giammattei, la Ministra de Salud y el Gobierno, en general, optaron por la improvisación para enfrentar la pandemia. No obstante, una cosa es no poder gestionar la emergencia sanitaria porque las farmacéuticas están a tope con los pedidos de vacunas de todo el mundo y otra cosa es no poder gestionar la emergencia sanitaria porque simplemente no les interesa. El Gobierno de los Estados Unidos ofreció una donación de 500 mil vacunas, pero lleva semanas sin ser recibida porque el Presidente y los Ministros, todos inútiles, no pueden ni redactar un acuerdo gubernativo o presentar un proyecto de ley al Congreso para aceptarlas.
Mientras tanto, el país atraviesa el momento más crítico de toda la pandemia por la cantidad de contagiados. Los hospitales se están quedando sin insumos para atender a los pacientes de COVID-19 y no hay señales que indiquen que la situación vaya a mejorar pronto. Quienes afortunadamente pueden costearlo, se han vacunado en otros países. Quienes no pueden costearlo porque viven en el país más desigual y uno de los países con más pobreza del continente, están condenados a no vacunarse. Alejandro Giammattei, la Ministra de Salud y el Gobierno de Guatemala están jugando con vidas humanas.
