Por Jorge Santos
Es evidente que, durante los últimos años, la columna vertebral de la estrategia de represión contra defensores y defensoras de derechos humanos impulsada por la elite económica, el poder militar y en buena medida el sistema de justicia, lo constituye la criminalización. Este fenómeno debe de ser entendido como la aplicación arbitraria de la ley, la amenaza de su aplicación o estigmatización de los actos, ideas y propuestas de las y los defensores.
A diferencia de la estrategia implementada durante la guerra en Guatemala, las distintas dictaduras militares al servicio del poder económico, utilizaron el terror y la ejecución extrajudicial como el mecanismo de represión por excelencia, sin embargo, ahora la difamación, la denuncia judicial y la privación de libertad son el núcleo central que pretende diezmar las luchas a lo largo y ancho del país.
Lo que se pretende por estos mercaderes de la violencia y muerte no es más que acallar la voz, la resistencia y con ello no permitir que este modelo ideado para imposibilitar el desarrollo de la nación, se transforme. Uno de los efectos de la criminalización es aislar al defensor o defensora y obstaculizar por completo su capacidad de liderazgo, lo cual prácticamente es una forma de matar en vida, tal el caso injustificado que se pretende consolidar contra Solórzano Foppa, Aníbal Arguello y otras cinco personas.
En prácticamente todos los casos documentados hasta ahora en contra de personas defensoras de derechos humanos, es posible denotar ilegalidad o como mínimo arbitrariedad, que puede ser demostrada en que a la fecha muchos de los casos suelen culminar con la liberación de las y los defensores en la medida en la que al Ministerio Público le resulta imposible demostrar los hechos que les fueron imputados, demostrando así su mala fe e intencionalidad.
La criminalización se ha registrado en el Estado de Guatemala a través de la utilización indebida del sistema penal; la provocación de intranquilidad y zozobra; el desprestigio público que deslegitima y desmoviliza la actuación de defensores y defensoras de derechos humanos y el uso de los estados de excepción.
A su vez la criminalización se da en contextos de violencia generalizada causada por delitos comunes y por crimen organizado, así como por la polarización de la sociedad guatemalteca, secuelas del largo conflicto armado interno, altos niveles de impunidad, y por la implementación de un modelo de desarrollo que no incorpora la visión de desarrollo de los pueblos indígenas y del resto de la población guatemalteca. En los últimos años se ha manifestado en el contexto de la protesta social contra varios tipos de megaproyectos (minería de oro y plata, hidroeléctricas, monocultivos, cementera), que tienen en común que cada uno de ellos fue impuesto sin consulta previa.
Sin embargo y aún en medio de este marco de represión y violencia el avance de las y los defensores de derechos humanos no se detiene y no se detendrá hasta construir una sociedad distinta a la que hoy les oprime.
