Por Lourdes Arana
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El Juzgado de Mayor Riesgo «B», a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, realizó la audiencia de etapa intermedia en contra de varios empresarios implicados en el caso La Línea 2.0, en la cual los abogados defensores de cuatro de los señalados solicitaron modificar el proceso para sus defendidos por medio de medidas desjudicializadoras, solicitud que fue aceptada por el Ministerio Público (MP) y el juzgador.
En este sentido, el juez Gálvez otorgó la suspensión de la persecución penal por haber pagado los impuestos defraudados a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a favor de Salvador Montenegro Brol y Otto René Anleu Tovar.
Asimismo, Miguel Ángel Gálvez resolvió aceptar la solicitud para optar a una sentencia por medio del procedimiento abreviado por el delito de cohecho activo en contra de Edgar Aníbal Mejía García y Arnoldo José Arana Aldana.
Los empresarios quedaron ligados a proceso penal el 10 de septiembre de 2020, luego de que el juez Gálvez considerara que existían suficientes indicios presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en contra de ellos.
PROCESO EN CONTRA DE OTROS IMPLICADOS CONTINUARÁ NORMAL
Dentro del proceso penal, conocido como La Línea 2.0, un total de 10 personas fueron señaladas de defraudar a la SAT, durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, luego de que los cuatro implicados antes mencionados solicitaran las medidas desjudicializadoras, el resto de implicados decidieron continuar con el proceso penal normal, siendo ellos:
1. Lorena Damaris Tunchez Mejía
2. Mynor René Cotom Guzmán
3. Juan Francisco Rodríguez Jacobo
4. Javier Ayala y Ayala
5. Edgar Augusto Marroquín Herrera
6. Edwin Humberto Ruano Martínez
EL CASO
Las investigaciones de la FECI señalaron que las personas implicadas fueron parte de una estructura criminal, en la que se involucraron funcionarios y trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para defraudar al Estado por Q14 millones.
La estructura criminal se organizó con fines de obtener ganancias ilícitas a través del control del sistema de aduanas, particularmente la Aduana Central, Puerto Quetzal y Santo Tomás, así como otros puestos centrales en la SAT para la defraudación aduanera, según la Fiscalía.
