Samuel Flores
Con los precios de gasolinas, gas propano, transporte urbano y de rutas cortas y energía eléctrica al alza; el creciente desempleo, salario mínimo congelado, trabajadores sin prestaciones y cobrando por factura, un sombrío panorama de pobreza extrema acecha la castigada economía de los guatemaltecos en tiempos de pandemia del COVID-19, con un deficiente e improvisado plan de vacunación que depende de los donativos de naciones y pueblos amigos.
Con precios que superan los Q28 en la gasolina superior, Q27, la regular, en Petén, y algunas regiones de Huehuetenango y Quezaltenango, y los Q29 en comunidades de Quiché, esta escalada impacta directamente en comerciantes, trabajadores y millares de familias que por necesidad necesitan transportar sus productos a los mercados locales.
Además, desde la semana anterior los distribuidores venden el cilindro de gas propano de 25 libras a Q120, -el más consumido en los hogares-. Subió Q25 en cuatro meses. Además, la presentación de 35 libras se incrementó a Q168; y el cilindro de 100 libras alcanza los Q480, de acuerdo con el monitoreo practicado por el Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Energía y Minas, MEM.
El incremento en cada uno de los gases combustibles empleado para usos domésticos o industriales vulnera la frágil economía de las amas de casa que atestiguan cómo su presupuesto mensual no les alcanza para cubrir las necesidades básicas.
Por aparte, la leonina tarifa aplicada al transporte urbano, rutas cortas y extraurbano, viene a sepultar la esperanza de millares de trabajadores de superar la crisis. Con el precio del pasaje que va de Q5 a Q10 en buses rojos; de Q8 a Q15 en rutas cortas del área metropolitana, y no hablar del extraurbano que cobran de Q30 a Q120 dependiendo de la distancia, sin que las municipalidades y la Dirección General de Transporte intervenga.
Con unidades de transporte sobrecargadas y conducidas por pilotos y ayudantes violentos, prepotentes, abusivos, mal educados que cobran la tarifa a su antojo, y que no respetan las medidas de bioseguridad decretadas para contener la pandemia del COVID-19, los chapines estamos expuestos al contagio, inseguridad por la delincuencia y a la violencia en los colectivos. Los servicios de “mototaxi”, taxi, y otros también incrementan la carga económica de los guatemaltecos.
El Instituto Nacional de Estadística cotiza el incremento en los precios de productos de la canasta básica familiar en Q2,984.73 mensuales. Es imposible que una familia pueda subsistir con casi tres mil quetzales al mes cuando debe costear pago de alquiler y otros servicios.
Las constantes protestas de vecinos en municipios y comunidades de todo el país se incrementan para demandar al gobierno detener esta escalada de precios y el combate a la corrupción y la impunidad. Es tiempo que la DIACO, del Ministerio de Economía; el MEM; la Dirección General de Transporte y el gobierno asuman su responsabilidad en este aumento de precios para no exponer a la población a mayores carencias.
