El fiscal general sostiene que las 17 denuncias contra Walter Mazariegos continúan bajo investigación, admite que encontró expedientes con escasa actividad al asumir el Ministerio Público (MP) y asegura que su administración no actuará por presiones externas ni repetirá prácticas del pasado.
Importante destacar para la audiencia de La Hora que el Rector de la Universidad de San Carlos (Usac) no tiene antejuicio y en caso de encontrarse elementos jurídicos para avanzar en los casos penales, su procesamiento no depende de un retiro de antejuicio.
El segundo periodo de Walter Mazariegos, sancionado por EE. UU., al frente de la Usac comienza este 1 de julio en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso que lo llevó nuevamente al rectorado, recursos judiciales aún pendientes y 17 denuncias penales que permanecen abiertas en el MP.
En ese escenario, una de las principales interrogantes dirigidas al nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, ha sido la ausencia de acciones penales contra el rector a más de 40 días de haber asumido el cargo.
El jefe del MP responde que comprende las expectativas que existen alrededor del caso, pero sostiene que ninguna investigación puede acelerarse para satisfacer reclamos públicos.
«Por muchos años, el Ministerio Público, por presión política —e incluso me atrevería a decir criminal— tomó un papel que no le correspondía dentro del esquema del Estado. No podemos regresar a lo mismo que ya nos ocurrió», afirma en entrevista telefónica con La Hora.
«Una orden de captura no puede basarse en presión social o mediática. Debe sustentarse en investigaciones objetivas e imparciales, con motivos racionales suficientes y autorización judicial conforme a la ley».
La declaración coincide con el inicio del nuevo mandato de Mazariegos, cuya continuidad continúa siendo impugnada por estudiantes, docentes y egresados que califican como fraudulento el proceso electoral universitario y cuestionan la protección que recibió durante la administración de la ex fiscal general María Consuelo Porras sin atender una sola denuncia desde 2022.
Para García Luna, sin embargo, el debate público no modifica «el estándar y rigurosidad» con el que debe actuar el MP.
«El Ministerio Público no es un organismo de control político del Estado. Es un sujeto procesal encargado de investigar y perseguir delitos. Nuestro deber es actuar con objetividad, independencia y respeto al debido proceso», sostiene.
UNA REVISIÓN DE LAS 17 DENUNCIAS
Al asumir la jefatura del MP el pasado 17 de mayo, García Luna ordenó revisar los expedientes relacionados con Mazariegos. Explica que la mayoría de las 17 denuncias permanecen en fase de investigación preliminar, una etapa destinada a establecer si existen hechos constitutivos de delito, identificar responsables y determinar si corresponde llevar los casos ante los tribunales.
«No han sido desestimadas. Continúan en investigación», resume.
Los expedientes, explica, estaban distribuidos en distintas fiscalías de acuerdo con la naturaleza de los hechos denunciados. Algunos permanecían en fiscalías contra la corrupción, otros en fiscalías de delitos administrativos, fiscalías distritales o unidades especializadas.
La revisión, añade, no pretendía únicamente conocer el estado procesal de cada caso, sino verificar la calidad del trabajo realizado durante la administración anterior.
«La ley faculta al fiscal general para ordenar verificaciones sobre los expedientes. Se revisan las diligencias practicadas, los actos pendientes, el cumplimiento de plazos razonables y la suficiencia de los elementos de convicción», explica.
A raíz de ese diagnóstico, asegura que todos los expedientes fueron asignados nuevamente a personal encargado de continuar las investigaciones.
«Todos se encuentran ya con personal reasignado que está realizando las investigaciones. Si en alguno de ellos se establece un hecho concreto y existe evidencia suficiente, tendrá que judicializarse.»
No obstante, evita precisar cuántos de los casos cuentan actualmente con elementos suficientes para avanzar hacia una persecución penal.
«La investigación continúa. Lo importante es determinar si existen indicios racionales que permitan presumir la posible comisión de un delito. Esa valoración depende de la prueba documental, testimonial, auditorías, peritajes e, incluso, trazabilidad financiera que pueda incorporarse a cada expediente.»
LÍMITES EN EL PROCESO ELECTORAL UNIVERSITARIO
Una parte importante de las investigaciones, reconoce el fiscal, está vinculada con el proceso mediante el cual Mazariegos fue electo rector de la Usac, un procedimiento que durante los últimos años ha sido objeto de múltiples denuncias, resoluciones administrativas, amparos y decisiones de Cortes.
Por ello, afirma que la revisión de los expedientes también incluye confrontar los hechos denunciados con ese conjunto de resoluciones.
«Estamos confrontando las investigaciones con el bloque constitucional que se ha formado alrededor del proceso electoral administrativo de la Universidad de San Carlos.»
A juicio del fiscal, cuando los hechos denunciados han sido examinados por la jurisdicción constitucional, el análisis penal debe considerar ese contexto.
«No significa que exista inmunidad penal, pero sí debemos analizar si los hechos denunciados ya fueron resueltos desde la justicia constitucional.»
García Luna sostiene que, si durante la investigación aparecen conductas que trasciendan el ámbito administrativo o electoral y puedan constituir delitos, el MP actuará.
«Si existiera algún hecho que no esté protegido por ese marco constitucional y que no tenga un carácter puramente administrativo, sino penal, será no solo investigado, sino perseguido.»
La expectativa de que el MP promoviera una captura antes de la toma de posesión de Mazariegos fue una de las principales exigencias dirigidas a la nueva administración.
El fiscal sostiene que comprende esa demanda, pero insiste en que no repetirá un modelo de persecución penal condicionado por el clima político como su antecesora. «Entiendo la exigencia social que existe en casos mediáticos, pero tampoco podemos regresar a lo mismo que ya nos ocurrió.»
Insiste en que la función del MP consiste en construir investigaciones técnicamente sostenibles y dar pasos de plomo. «No podemos armar casos bajo presunciones. El objetivo es tener elementos suficientes para acreditar un hecho y poder judicializarlo.»
MENSAJE A ESTUDIANTES Y DOCENTES
Durante los últimos meses, organizaciones universitarias, docentes y estudiantes han exigido que las denuncias contra Mazariegos avancen y que, si existen elementos suficientes, sean llevadas ante los tribunales.
El fiscal responde con un mensaje institucional. «Toda denuncia debe investigarse con objetividad, independencia, legalidad y respeto al debido proceso. Si la evidencia sustenta responsabilidad penal, el caso debe judicializarse; si no, corresponde actuar conforme a derecho”, y concluye «la justicia debe basarse en pruebas, no en presiones externas.»
