Por María España y Adrián Soto
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El Congreso de la República programó, para mañana, la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), siendo esta el primer punto de la agenda y aunque son una veintena de candidatos, la actual magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá, será quien obtendrá el voto de bloques oficialistas han confirmado fuentes que saben de las negociaciones a La Hora.
Según las fuentes consultadas, los diputados de las bancadas aliadas a VAMOS, tendrían asegurados hasta 90 votos y algunas de las resoluciones de Ochoa serían las que movieron la balanza a su favor.
La magistrada Ochoa ha evidenciado en numerosas ocasiones sus intereses y vínculos con estos al emitir votos razonados disidentes contra resoluciones de la máxima Corte que, de alguna manera, perjudican a sus allegados.
Aquí describimos las resoluciones que comentaron estas fuentes y que por ahora, le valen a la magistrada los votos en la elección de mañana.
DISIDENTE EN AMPARO POR ANTEJUICIO A FELIPE ALEJOS
Entre estos se menciona la aprobación del amparo provisional de Andréi Vladimir González, exagente fiscal de la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) que ordenaba a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conocer una vez más el antejuicio contra el diputado de TODOS, Felipe Alejos Lorenzana, de quien Ochoa indicó que no existían “indicios suficientes” de que hubiese incurrido en “hechos que revistan la característica de ilícitos”.
Cabe destacar que el diputado Alejos fue señalado en el caso Traficantes de Influencias, por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los cuales buscaban profundizar en las pesquisas de que el legislador presuntamente cobró comisiones a empresarios para trámites de devolución fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Aunque Alejos y TODOS se distanciaron del oficialismo, recientemente se conoció que el presidente Alejandro Giammattei, estaría dispuesto a darle al legislador junto al diputado José Armando Ubico, el control del Instituto Guatemalteco de Migración, para contar con sus votos.
DISIDENTE EN LA RESOLUCIÓN CONTRA CANDIDATURA DE ZURY RÍOS
En las elecciones 2019, el TSE no inscribió a Zury Ríos como candidata presidencial por el partido VALOR, por prohibición constitucional para serlo, porque su padre, el fallecido general Efraín Ríos Montt, tomó el poder a través de un golpe de Estado en 1982.
En esa ocasión, la Corte Suprema de Justicia le otorgó un amparo a Zury Ríos para que el TSE la inscribiera, aunque el ente Electoral la acreditó, apeló dicha resolución a la CC.
La CC resolvió a favor del TSE y anuló la inscripción de Zury Ríos, en ese entonces la magistrada Dina Ochoa voto en contra de que se le revocara el amparo.
La excandidata presidencial, intentaba representar al partido VALOR en 2019, agrupación que ahora es una de las bancadas aliadas al oficialismo, la cual podría votar a favor de la designación de Ochoa, beneficiando a Ríos en el próximo proceso electoral cuando su situación llegue de nuevo a la CC.
DESIGNADA POR JIMMY MORALES
Durante su gestión como magistrada designada por el expresidente, Jimmy Morales, expresó su apoyo al mandatario de declarar “non grato” al doctor Iván Velásquez, ex comisionado de la CICIG.
Mientras que, en 2018, consideró como “improcedente” la ampliación de visas de trabajadores de la CICIG, quienes contribuyeron a las investigaciones en los casos Traficantes de Influencias, La Línea, IGSS-Pisa, financiamiento electoral ilícito del partido FCN-Nación, y Botín Registro de la Propiedad, donde estuvieron involucrados Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo de Jimmy.
Morales llegó a la Presidencia por FCN-Nación, agrupación que también integra la alianza oficialista en el Congreso de la República.
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A FAVOR DEL TERCER PAÍS SEGURO
Al año siguiente, la CC decidió otorgar amparo en favor de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Acción Ciudadana y abogados particulares, con el cual prevenían a Morales, la excanciller, Sandra Jovel y al ex ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, de firmar el Acuerdo de “Tercer País Seguro” con Estados Unidos.
Ante ello, Ochoa, emitió un voto disidente razonado, en el que explicó que la acción se otorgó con base en “meros supuestos y especulaciones”.
En relación con el tema, Jonathan Blitzer de “The New Yorker” expuso en ese entonces que dos funcionarios guatemaltecos sostuvieron una reunión con la administración del expresidente Donald Trump, entre ellos, Ochoa. Blitzer indicó que, luego de esa reunión, el máximo Tribunal cambió su opinión respecto al acuerdo.
OTROS VOTOS RAZONADOS DE OCHOA
Otro amparo que otorgó la CC, con el que Ochoa estuvo en desacuerdo, fue el otorgado a la PDH que dejó en suspenso la vigencia del acuerdo que disuelve la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, el cual fue publicado en el acuerdo 97-2019, también por el gobierno de Morales.
Mientras que, señaló su postura contra los amparos a favor del ex embajador de Suecia en Guatemala, Anders Kompass, cuando este crítico de la corrupción durante una donación a la ahora inhabilitada CICIG y que provocó que fuera declarado non-grato. Las autoridades guatemaltecas coordinaron su repatriación en 2020.
CONTINUA ALIANZA CON GOBIERNO
Ochoa se abrió paso hasta el actual gobierno Alejandro Giammattei, a quien también defendió cuando el Congreso de la República modificó la conocida “Ley de ONG”, cuyas reformas fueron aprobadas mediante Decreto 4-2020, dando al gobierno la potestad de quitarle el registro a una ONG sin necesidad de pasar por un tribunal o contar con un mecanismo de defensa, así como controlar los fondos proporcionados por la cooperación internacional.
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Sin embargo, el 2 de marzo de 2020, la CC otorgó un amparo a diversas organizaciones y las reformas se suspendieron.
En este sentido, la magistrada Ochoa difirió de los demás magistrados indicando que debían otorgar la protección constitucional a lo que denominó “potestad legislativa”.
CONRADO REYES
Por otro lado, la togada manifestó su inconformidad del amparo otorgado a la Fundación Myrna Mack, Elvyn Leonel Díaz, y Álvaro Montenegro, que dejó en suspenso la designación del abogado Conrado Arnulfo Reyes como magistrado suplente a la CC.
Arnulfo Reyes fue removido del cargo de fiscal general, en 2010, por señalamientos de la CICIG, lo cual ha criticado al considerar que no fue vinculado a ningún proceso penal.
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¿POR QUÉ EL INTERÉS?
Aunque varios son los integrantes de la alianza oficialista que podrían tener interés en la integración de la Corte de Constitucionalidad, algunos de los rostros de estos destacan por sus vínculos o por su sanciones del Departamento de Estado.
Por ejemplo, el diputado Felipe Alejos, de TODOS, fue considerado el año pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como alguien no elegible para ingresar a ese país, por su relación con actos de corrupción.
O la diputada Sofía Hernández, de Unión del Cambio Nacional (UCN), bancada cuyo partido fue fundado por Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.
Además, el hermano de Hernández fue detenido por el caso Huistas y la agrupación enfrenta un proceso de cancelación que podría en algún momento ser conocido en la CC.
Mientras que Allan Rodríguez, presidente del Congreso y principal perfil de la bancada VAMOS, es conocido por su cercanía con el presidente Giammattei y ha sido vinculado a la constructora Construdam, la cual como expuso La Hora en el reportaje “FCN en el poder: el constructor “alquilado” sobre el que decidía un diputado”, recibió durante los cuatro años que en el país gobernó el presidente Jimmy Morales, más del triple de lo que había logrado en 12 años de ofertar para el Estado.
Fuentes cercanas a un evento que se otorgó a principios de año por Q200 millones, indicaron que la presión para que esa constructora fuera beneficiada llegó desde el Congreso y señalaron en específico al diputado, Allan Rodríguez.