Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala en 2020, en el que menciona que el país continúa enfrentando retos sistémicos y estructurales, en particular la pobreza, desigualdad, discriminación, impunidad y la inseguridad.
Según explicó Bachelet en el documento, los impactos sociales y económicos de la pandemia de la Covid-19 han sido desproporcionados para los pueblos indígenas, las mujeres, y las personas con discapacidad.
En ese orden, alienta a autoridades a fortalecer la protección social a personas con mayor vulnerabilidad y reconoce el compromiso del Ejecutivo y del Congreso en expandir los programas sociales y aumentar el presupuesto general.
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HACE LLAMADO A ELECCIÓN DE MAGISTRADOS TRANSPARENTES
Asimismo, insta al Congreso a buscar una agenda legislativa orientada a fortalecer la promoción y protección de derechos humanos.
“Hago un llamado para que sean adoptadas las medidas para garantizar elecciones independientes, objetivas y transparentes de Magistrados en las altas cortes”, dijo.
También destacó que se vio un incremento a ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo periodistas y alienta al fortalecimiento de la Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM).
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En el informe, se señala que la pandemia de la COVID-19 exacerbó estas situaciones y ha sacado a luz la necesidad de abordar urgentemente los desafíos subyacentes.
DEBILIDADES HAN DIFICULTADO RESPUESTA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
El documento cita que Guatemala fue uno de los primeros países de Latinoamérica en implementar restricciones a la libre locomoción, incluyendo toques de queda y medidas de distanciamiento físico.
Sin embargo, debilidades y deficiencias institucionales preexistentes en los servicios públicos han dificultado la respuesta de salud y protección social.
“El severo impacto social y económico de la COVID-19 ha puesto de relieve desigualdades en un país donde, incluso antes de la pandemia, 6 de cada 10 personas vivían en pobreza. Entre los pueblos indígenas, la tasa fue aún más alta, con 8 de cada 10 personas afectadas por la pobreza”, dice el informe.
PROCESO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS A CSJ SIGUE ESTANCADO
En el tema de justicia, el informe destaca que magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones debieron haber sido nombrados para el periodo 2019-2024, y haber tomado posesión en octubre de 2019, sin embargo, a diciembre de 2020, el proceso de elección permanecía estancado en el Congreso.
El año pasado, también juezas, jueces y fiscales fueron objeto de crecientes represalias, incluyendo difamación, amenazas y solicitudes para levantar su inmunidad para persecución penal, mientras el Procurador de los Derechos Humanos también enfrentó campañas de descrédito e intentos de citación al pleno del Congreso.
Sobre el acceso a la justicia, ACNUDH cita que, a pesar de los esfuerzos del Organismo Judicial para llevar a cabo audiencias en línea, más de 64,000 se suspendieron entre marzo y septiembre solo en el ramo penal, agravando las demoras preexistentes en el acceso a la justicia.
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AUDIENCIAS EN LÍNEA NO SON ACCESIBLES PARA GRANDES SECTORES DE LA POBLACIÓN
Además, las audiencias en línea pueden no ser accesibles para grandes sectores de la población, especialmente en comunidades rurales e indígenas con acceso limitado a electricidad e internet.
ACNUDH, afirma que “saluda los inmensos esfuerzos de profesionales de la salud, instituciones estatales, sociedad civil, voluntarias, voluntarios y comunidades para combatir la pandemia”.
Dentro de las instituciones con necesidad de fortalecimiento, destaca las capacidades de la Policía Nacional Civil para aplicar los estándares internacionales de derechos humanos, entre otros apuntes.
