Por María España
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El pasado martes, 26 de enero, Mynor Moto fue juramentado como magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad (CC), sin embargo, aún se Encuentra a la espera de asumir el cargo. De acuerdo con numerosas organizaciones nacionales e internacionales de defensa de Derechos Humanos, su designación fortalece la impunidad y la corrupción.
“Causa inquietud este acto abierto y descarado de ilegalidad, pues evidencia el control que ha alcanzado en Guatemala el crimen organizado y el sistema de impunidad sobre los organismos ejecutivo, legislativo y judicial.”, aseveraron hoy por medio de un comunicado.
Por ello, hacen referencia a que Moto ha sido señalado por la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por distintos delitos de corrupción, y, de no reunir los requisitos de idoneidad, capacidad, honradez y honorabilidad.
Asimismo, rechazan el nombramiento ejecutado por el Congreso de la República, a pesar de tener pendientes recursos de amparo y siete apelaciones sin resolver en contra de Moto
Pronunciamiento de Fundación para la Democracia y Fundación Rigoberta Menchú Tum sobre la designación de Mynor Moto a la magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad pic.twitter.com/MUVJ5JpRcO
— Diario La Hora (@lahoragt) January 29, 2021
En tal sentido, manifiestan: “La historia demuestra los extremos de aberración a los que pueden llegar los funcionarios gubernamentales que han perdido los límites legales, han dejado de considerar a la opinión pública nacional e internacional y no se detienen frente a los señalamientos de los organismos multinacionales”.
Las organizaciones expresan su solidaridad con la población guatemalteca que, no solo enfrenta la emergencia de Covid-19, sino que también violencia y pobreza. Además, la alienta a “continuar en la defensa del Estado de Derecho y a manifestar su repudio a la corrupción y la impunidad”.
Entre las organizaciones firmantes se mencionan la Fundación para la Democracia y Fundación Rigoberta Menchú Tum, así también organizaciones de defensa y promoción de DDHH en Perú, Chile, República Dominicana, El Salvador, Brasil, Argentina y Paraguay.
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