POR HEDY QUINO
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Tras conocerse de la iniciativa de ley que busca quitar el control y fiscalización del financiamiento electoral de los partidos políticos, Acción Ciudadana (AC) afirmó que ese tipo de propuestas no abonan en nada a la transparencia de las organizaciones políticas y debilitan la democracia en el país.
Los diputados del partido político Humanista, Rudio Lecsan Mérida y Douglas Rivero, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), una de ellas pretende modificar el artículo 21, que se refiere a la fiscalización a las agrupaciones políticas, suprimiendo el siguiente párrafo:
“A requerimiento del Tribunal Supremo Electoral y bajo reserva de confidencialidad, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como los funcionarios públicos, están obligados a hacer las diligencias pertinentes y entregar la información que les sea requerida para la efectiva fiscalización de los aportes públicos y privados que reciban las organizaciones políticas”.
En ese contexto, el analista político de AC, Marvin Flores, explicó que la iniciativa es contraria a la tendencia a nivel de Latinoamérica y del mundo, que es, que los partidos políticos puedan ser fiscalizados y auditados. “Ese tipo de propuestas no tienen ningún sentido positivo para la democracia del país”, afirmó.
“Este tema de que el Tribunal puede hacer, de pedirle información a Banco de Guatemala, a SAT y a diferentes instituciones públicas, son controles cruzados que se necesitan, precisamente por los financistas, para tratar de evitar el financiamiento electoral ilícito; que posiblemente proviene del narcotráfico o de empresas que normalmente financian campañas y que luego cobran a las autoridades de gobierno a quienes financiaron, a través de contratos de obra pública”, detalló Flores.
“Esa propuesta no ayuda a la transparencia, a la legalidad ni al control de la fiscalización que debe haber. Hay temas más urgentes en el país, no este tipo de propuestas que no ayudan a la transparencia ni a fortalecer el Estado de Derecho en el país”, concluyó el entrevistado.
CIEN: PROPUESTAS DEBEN SER INTEGRALES
En tanto, María del Carmen Aceña del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, afirmó que las reformas a la LEPP deben ser de forma integral y no casuísticas.
Aceña señaló, que la actual ley electoral tiene algunas deficiencias y en determinados temas crea confusión y contrariedades. Sin embargo, las reformas se deben hacer con base a lo que la misma normativa establece, que es: hacerlo a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), previo a una discusión y análisis, añadió.
“Esta reforma tiene que hacerse integral, basado en toda la retroalimentación que hizo la población y hacerlo bien y serio. No que, como vimos en la última elección, se hizo todo rápido, no se hicieron revisiones de estilo y cómo eran compatibles con otras leyes, a la larga lo que hubo fue más duda”, enfatizó la consultora del CIEN.
“Lo que procede es hacer, otra vez, una mesa seria, tomar en cuenta todas las propuestas que se hicieron y que el Tribunal tome una función determinante”, concluyó Aceña.
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