POR MARGARITA GIRÓN
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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) a través de un comunicado, recomendó al Congreso de la República la no aprobación de la Iniciativa de ley 5792, Reformas al Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), debido a las anomalías que presenta.
Para el Icefi, la iniciativa de ley 5792 constituye un grave retroceso al derecho de acceso a la información pública en Guatemala.
“Icefi considera que el dictamen favorable para la iniciativa de ley 5792 tergiversa la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y su Guía de Implementación, así como el reconocimiento por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cuanto la necesidad de crear un órgano de supervisión independiente y especializado responsable de supervisar el funcionamiento del régimen de acceso a la información pública y su cumplimiento”, señalan.
Además, agregan que dicho órgano está facultado para revisar las respuestas negativas de los sujetos obligados con el fin de adoptar una decisión, sin perjuicio del control judicial oportuno respecto de las decisiones que niegan el acceso a la información.
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Además de señalar anomalías en la iniciativa, el Instituto recomienda que toda discusión de propuestas para reformar la LAIP, observen los principios de publicidad, apertura e inclusión, se cumplan con rigor las recomendaciones de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y su Guía de Implementación, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También recomiendan que, se respeten los Principios de alto nivel para la participación, la rendición de cuentas y la transparencia fiscal de la Iniciativa Mundial de Transparencia Fiscal; pero, sobre todo, que toda reforma a la LAIP fortalezca y no debilite las garantías actuales al derecho de acceso a la información pública.
ANOMALÍAS DETECTADAS POR EL ICEFI
En el análisis del Icefi, detallan que, el dictamen de la iniciativa de ley 5792 invoca el estándar de la OEA, pero el articulado propone disposiciones legales para la creación de una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP), que de ser aprobadas violentarían las características básicas del órgano independiente y técnico que recomienda la OEA.
El Icefi señala en un comunicado que “la iniciativa de ley 5792 constituye un grave retroceso al derecho de acceso a la información pública en Guatemala” pic.twitter.com/f9OL6ahEnO
— Diario La Hora (@lahoragt) November 17, 2020
Entre las anomalías, el Icefi destaca que, contrario a lo recomendado por la OEA, la discusión de esta propuesta legislativa no fue pública, abierta e incluyente, y con ello marginó puntos de vista sobre la conveniencia y alcance de una reforma a la LAIP, una ley esencial para garantizar la transparencia y la auditoría social.
Asimismo, destacan que, la ONAIP propuesta es altamente vulnerable a la captura con fines políticos, por lo que violenta las recomendaciones de la OEA en términos de independencia. Además, el dictamen de la iniciativa de ley 5792 propone que la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República sea la facultada para elaborar la nómina de candidatos para las autoridades de la ONAIP, pese a que en esa comisión de trabajo no existe representación igualitaria de todos los bloques parlamentarios, y no plantea condiciones claras y explícitas de participación del público en el proceso de nominación.
“El nombramiento y remoción de las autoridades superiores de la ONAIP sería muy volátil, ya que requeriría aprobación con mayoría simple (la mitad más uno), contraria a la recomendación de la citada Guía de la Ley Modelo de la OEA, en cuanto a la protección que ofrece el requerimiento de aprobación por mayoría calificada (dos terceras partes) de diputados y diputadas del Congreso de la República”, precisan.
De acuerdo con el análisis, dentro de las atribuciones que se proponen para la ONAIP, no se incluye la facultad para resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados de la LAIP, contrario a las facultades que tienen los institutos de acceso a la información de México, El Salvador, Honduras o Chile.
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“De esta forma, impulsar una reforma a la LAIP de esta magnitud, manteniendo el esquema actual de recursos de revisión resueltos por el mismo sujeto obligado y sin intervención del órgano garante, no añadiría ningún valor relevante de protección al derecho de acceso a la información pública, y contraviene lo expresado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en cuanto a que la capacidad para resolver controversias sobre la provisión de información a través de decisiones vinculantes debe ser una atribución central de los órganos garantes del derecho a la información pública”, detalla el Instituto.
En ese contexto, advierten que, se propone, sin justificación técnica, un modelo de órgano garante unipersonal en lugar del modelo colegiado que recomienda la Ley Modelo de la OEA. Además, la Guía de la Ley Modelo de la OEA señala que en los esquemas como el propuesto con una autoridad unipersonal, con la excusa de costos menores, el riesgo de politización de la persona o la oficina es mayor.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas que se propone colisiona con el texto de los delitos contenidos en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la LAIP. “En caso de ser aprobada la propuesta, se corre el riesgo de que acciones destinadas a bloquear el cumplimiento de la LAIP se resuelvan con el pago de una multa, evadiendo la sanción penal que ya establece la LAIP”, añaden.
Además, destacan que, la propuesta viola el primero de los Principios de alto nivel para la participación, la rendición de cuentas y la transparencia fiscal de la Iniciativa Mundial de Transparencia Fiscal, por cuanto los sistemas jurídicos a nivel nacional deben establecer una clara presunción a favor de la disponibilidad pública de la información fiscal sin distinción, asegurando que todas las personas puedan pedir cuentas a los funcionarios y al gobierno en su conjunto sobre la gestión en el uso de los recursos públicos.
Foto. Congreso.
EL CONGRESO AGENDA INICIATIVA
Ayer, en la sesión de la Instancia de Jefes de Bloque se aprobaron las propuestas de agenda para las sesiones plenarias del Congreso de esta semana, que propuso la Junta Directiva; en una de ellas se establece que el miércoles los diputados conocerán el primera debate de la iniciativa 5792, reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece crear la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP), esta ocuparía el lugar del PDH en supervisar el cumplimiento de dicha normativa.
En tal sentido, el Congreso de la República comenzaría esta semana con la aprobación de las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, que buscan quitar al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) como garante del cumplimiento de la normativa en mención.
El diputado de PODEMOS José Alejandro De León Maldonado, ex militante del partido cancelado Lider, fue quien presentó esta propuesta de ley, y la Comisión que preside, le dio dictamen favorable la semana pasada.
