Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los que dirigen las cámaras empresariales se han subido a toda marcha al carro que conducen Dina Ochoa, Henry Comte y María de los Ángeles Araujo, quienes en notorio incumplimiento de deberes impiden que la Corte de Constitucionalidad se pueda integrar con lo que esperan generar una crisis legal que permita acabar con el único órgano de control que se les ha salido del guacal a quienes están trabajando para restablecer el régimen de plena impunidad, sobre todo para los delitos de corrupción. Es obvio que esos dirigentes no tienen conocimientos legales y se dejan llevar por la asesoría de quienes siempre les han servido bien en la defensa de sus intereses de impunidad, pero es importante que entiendan que cuando tanto hablan de certeza jurídica tienen que saber qué es lo que están diciendo.
Imaginemos que uno de los empresarios dirige su negocio y tiene una junta directiva compuesta por sus hijos que quieren malgastar los recursos y ante la férrea negativa del padre que se opone a dilapidarlos, simplemente en una sesión acuerdan entre ellos que el papá está loco y lo separan de sus funciones sin más trámite declarándolo incapaz mentalmente. Obviamente la incapacidad mental de una persona no se puede disponer a capricho sino que tiene que ser declarada con las formalidades del caso para evitar abusos y desaguisados. La ley establece cómo es que se declara incapaz legalmente a cualquier persona individual y por lo tanto los hijos, por mucho que se les haga agua la boca para apartar al tata del negocio para hacer sus propios micos y pericos, no pueden proceder de manera arbitraria sino que deben cumplir con la formalidad legal.
Ayer un abogado decía en una radio que ante la gravedad del magistrado Aldana no hay que andarse por las ramas ni realizar más trámite. Simplemente hay que declararlo incompetente y ya, fueron sus palabras, causando estupor no sólo al auditorio sino también al otro profesional que participaba en el análisis de la situación. Es obvio, decía el “letrado” que es incompetente y no entiendo cómo es que el pleno de la CC no procede de inmediato. En otras palabras estaba sugiriendo que hiciera exactamente lo de los hijos del ejemplo que les puse a los empresarios para que traten de entender, en un escenario que ellos conocen mejor, cómo es que se deben hacer las cosas.
No dicen nada del incumplimiento de deberes de quienes por puro capricho se niegan a integrar el pleno de los magistrados para conocer cualquier asunto y chantajean con causar, por sí y ante sí, la verdadera desintegración de la Corte. Por supuesto que en este caso el incumplimiento de deberes no llega a ser delito porque le correspondería a Consuelo Porras su investigación y persecución y ya todo mundo sabe de qué pie cojea la doña, por lo que los tres magistrados pueden hacer lo que les venga en gana sabiendo que tienen ya garantía de impunidad.
Pero volviendo a los empresarios, la certeza jurídica obliga a que la incapacidad legal de una persona sea declarada de acuerdo a un procedimiento y no porque se le da la gana a alguien. Tengan cuidado con lo que dicen, no vaya a ser que labren la estaca en la que los pueda sentar por ambición alguno de los suyos.
