Mariela Castañón
mcastanon@lahora.com.gt
Ni la crisis sanitaria ha detenido las extorsiones en el país, está comprobado que desde un número telefónico es posible sacar decenas de llamadas y mensajes extorsivos en la cárcel, engañar a la población con “premios o rifas”, o peor aún amenazar de muerte para cobrar fuertes sumas de dinero.
Los extorsionistas han utilizado diversos mecanismos para obtener dinero, por ejemplo, es muy común que envíen mensajes anunciando rifas, sorteos y premios. Debemos estar muy atentos (as), porque realmente no se trata del agradable anuncio: “te ganaste un Hilux”, sino en mis palabras “te ganaste una extorsión”.
En otras ocasiones, los mensajes suben de tono y advierten a las potenciales víctimas que quien escribe o llama es “alguien a quien le pagaron por hacer daño”, o se identifican como parte del crimen organizado, sicarios de la Mara Salvatrucha o Barrio 18. Los delincuentes han colocado fotografías en el perfil del teléfono de otras personas, que no son precisamente extorsionistas, incluso de trabajadores del Estado o personas públicas.
Hace algunos días, conocí el caso de varias víctimas que recibieron mensajes vía WhatsApp del número 4731-1680, en uno de los tantos mensajes enviados desde ese número, decía literalmente: “Tengo un tema muy delicado q hablar con tigo (SIC) ya q una mujer está ofreciendo dinero por q te matemos y pues casualmente te conoce un compañero y queremos hablar con tigo antes de actuar va”. Este texto se trataba de un mensaje de extorsión, para lograr obtener dinero ilícitamente, a través de infundir miedo.
Las autoridades han determinado que ese número está dentro de una de las cárceles del complejo de prisiones de Fraijanes I, y ha extorsionado a casi 20 personas, que oficialmente han denunciado, pero puede ser mucho mayor el número de víctimas.
Preocupa mucho como el Sistema Penitenciario sigue permitiendo el ingreso de teléfonos a las prisiones. Esos teléfonos pueden provocar miedo a la población y en otros casos representar un riesgo real a la vida de las personas.
También las empresas de telefonía juegan un rol importante porque siguen brindado el servicio a usuarios extorsionistas, tal vez sin saber que se trata de extorsionistas detenidos en las prisiones. Vale la pena crear un mecanismo eficaz para que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) puedan trasladar de inmediato a estas compañías, el número de teléfono desde donde se extorsiona y sea bloqueado.
El Estado también debe fortalecer en recursos humanos y logísticos al MP y a la PNC, para que puedan responder oportunamente. Aunque no todo es malo, es necesario dar a conocer que en la PNC hay un grupo de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), que, desde mi punto de vista, ha aportado, a través de la investigación criminal, identificación de patrones criminales y han ejecutado capturas.
Como población tenemos la responsabilidad de denunciar para judicializar los casos; evitar compartir en las redes sociales fotografías personales y de los bienes materiales; utilizar todos los mecanismos de seguridad habilitados en esas redes sociales; es mejor no brindar tarjetas de presentación o compartir nuestro número telefónico a desconocidos.
