*Julio Roberto Bermejo González
En publicación anterior me referí a la Comisión Presidencial contra la Corrupción creada en Acuerdo Gubernativo Número 28-2020 y al nombramiento de Oscar Dávila como Director Ejecutivo. Señalé en aquel momento que si dicha Comisión era para identificar la corrupción en el espacio administrativo del Organismo Ejecutivo su posibilidad de investigación seria muy complicada porque lo ideal sería que un órgano ajeno al Organismo Ejecutivo fuera el que investigara y denunciara; sin embargo, le deseé éxitos al Director Ejecutivo designado. Al corto tiempo de quedar integrada la Comisión en referencia se emite el Acuerdo Gubernativo Número 34-2020 mediante el cual se le suprime al Director Ejecutivo la facultad de identificar y nombrar a las personas que integrarían su equipo de trabajo, trasladándose esa facultad a la Secretaría General de la Presidencia. Esta medida pareciera ser que va orientada a neutralizar la autoridad del Director Ejecutivo y la eventual eficacia de la Comisión, porque ya se conoce que los nombramientos públicos no recaen en personas capaces y solventes sino en personas ideológicamente afines.
El tiempo transcurrido desde la creación de la citada Comisión respalda la corazonada que tuve porque la Comisión no evidencia actividad alguna en la identificación y persecución de la escandalosa corrupción que se está manifestando en los diversos Ministerios y dependencias del Organismo Ejecutivo, El Presidente de la República pareciera que no ve lo que se está ejecutando en su nombre y tampoco lee la prensa en la que se detallan todos los hechos de corrupción que se están dando, porque si la leyera debería neutralizarlos y alertar sobre ellos a su Comisión Anticorrupción.
Sola la CICIG tuvo éxito en la identificación y combate a la corrupción al perseguir lo que se estaba dando a todo nivel de la administración pública y la que se estaba produciendo en el sector privado. A ello se debió que se le atacó ya no se renovó su mandato. Lo anterior fue motivo de alegría entre los funcionarios corruptos vinculados al crimen organizado y la misma alegría se expresó en los miembros del sector privado que estaban beneficiándose de ese ambiente de tolerancia hacia la corrupción. Lamentablemente el CACIF se resintió y puso su grano de arena para que la CICIG dejara de funcionar, aunque hay que reconocer que no todo el trabajo se perdió, pero si se debilitó.
Pero la corrupción no solo existe dentro de la administración pública y el sector privado. También se manifiesta en el Organismo Legislativo y en el Organismo Judicial.
En el Congreso de la República se han dado y se están dando situaciones que lloran sangre. La prensa ha sido prodigo en la denuncia de exagerados gastos de los diputados en viajes, muchos de ellos innecesarios y sin sentido. Igual sucede con los gastos de comida y consumos en restaurantes. Pero hay algo mucho más ilegal y absurdo y ello es la pretensión de pagar indemnización a los diputados por el tiempo que ocuparon el cargo, lo que pone de manifiesto la veracidad de los diputados que pretenden esa indebida prestación, que no les corresponde porque un diputado es electo por un período de cuatro años y eso lo saben perfectamente.
El mismo tipo de abuso se da con el seguro de vida de que gozan los diputados. Los diputados devengan un sueldo más que razonable y de ese sueldo deberían pagar su seguro de vida y gastos médicos, si esa fuera su voluntad de gozar de esa protección. No existe ninguna justificación para que del erario nacional se les pague un seguro de esa naturaleza. Es conocido que el Congreso de la República tiene un holgado presupuesto, que ellos mismos se lo autorizan, pero ello no justifica que aprueben y ejecuten un gasto que eventualmente podría ser legal porque el Congreso maneja su propio presupuesto, pero a que a todas luces es inmoral; además es inmoral que un diputado pretenda recibir una indemnización cuando deja el cargo.
Pero estos actos corruptos no solo se manifiestan en el Organismo Ejecutivo y en el Legislativo ya que igual pretensión de gozar de indemnización por el tiempo servido y seguro de vida y gastos médicos se da por parte de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. En ambas Cortes sus miembros ganan lo razonable y sus miembros son electos por períodos determinados, del cual tienen perfecto conocimiento. Los seguros deberían cubrirlos de su sueldo y la indemnización deviene también inmoral, no solo por lo improcedente sino porque son situaciones que se están dando dentro del contexto de un país pobre, con un subdesarrollo económico y social muy grande.
Este es un mensaje para el señor Presidente de la República. Usted está llamado a representar la unidad nacional y como consecuencia le corresponde el deber moral y político de conciliar los intereses políticos de los diversos grupos. Esta es su misión y no la está cumpliendo. Usted sabe que dentro de los grupos afines a su política están infiltrados no solo personajes ampliamente conocidos como traficantes de influencias sino también gente vinculada al narcotráfico y al crimen organizado y a usted le corresponde identificarlos y expulsarlos de los grupos que le son afines. Hay un alarmante pleito entre el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad y usted está jugando el papel de espectador. Este no es el papel que debe usted jugar porque contribuir a la inestabilidad del país también es corrupción.
*Doctor en Derecho
*Catedrático Universitario
Graduado por la Escuela Diplomática de España*
