Algunos sectores que aspiran a consolidar el régimen de impunidad en el país cuestionan el proceder de la Corte de Constitucionalidad pero ocultan que el verdadero problema del país no está en esa instancia judicial, sino en el comportamiento de otros tribunales, especialmente aquellos que sin rubor ni vergüenza se esmeran por proteger a diputados corruptos al mismo tiempo que atacan a los jueces honrados que han participado en una valiente administración de la justicia, sin preferencias ni encubrimiento de los más poderosos. Ocultan todo el trabajo de Gustavo Alejos para consolidar un sistema de justicia más comprometido con la impunidad que el que tenemos ahora, lo cual ya es mucho decir, pero que constituye lo que debe ser la real y verdadera preocupación de una ciudadanía que terminará pagando muchos patos por la cooptación de nuestro sistema judicial.
Critican, por ejemplo, a la CC porque con sus amparos ha detenido la operación de algunas empresas, especialmente en campos en los que es necesaria la consulta comunitaria para permitir su operación, pero nadie dice nada de que en Guatemala, en el marco de nuestro sistema corrupto, muchas de las licencias se obtienen mediante el pago de jugosos sobornos que enriquecen a funcionarios de distinto nivel y que, a cambio, facilitan el funcionamiento de entidades que no surgieron al amparo del derecho. Dicen que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad afectan la certeza jurídica que necesitan los inversionistas, pero no dicen nada de las mordida que son el requisito sine qua non, sin el cual no se puede lograr la certificación oficial.
Ayer publicamos en nuestra edición digital el informe sobre el retroceso que el país ha sufrido en materia de capacidad para combatir la corrupción, lo cual no puede ser sorpresa luego del esfuerzo realizado por el anterior gobierno, diputados y algunos empresarios para desmantelar esa crucial lucha. Pero el deterioro ha seguido en la actualidad, especialmente con el esfuerzo por controlar la justicia porque eso, más que cualquier otra cosa, significa la certeza de que aquí quien tenga cuello blanco y cometa crimen no tendrá que sufrir los sobresaltos que sintieron a partir del año 2015 cuando se destapó el caso La Línea y, sobre todo, cuando posteriormente se presentó el caso del financiamiento electoral ilícito mediante el cual se compraba la conciencia y voluntad de los políticos desde que estaban en campaña electoral, sometidos de antemano a facilitar negocios y aumentar los privilegios de quienes generosamente ponían sus capitales al servicio de los candidatos a dirigir los destinos patrios.
Editorial editado a las 10:02, para hacer corrección en una palabra
