Se solía decir, cínicamente, que en política las alianzas y pactos están hechos para romperse pero evidentemente no pasa eso cuando lo que hay es un acuerdo de absoluto compromiso entre los corruptos para salvar el pellejo. Lo que pareció un simple entendido en enero para elegir a una Junta Directiva, con la amalgama de intereses de los partidos Todos, UCN y la UNE leal a Sandra Torres a la cabeza, pero contando con el valioso concurso de otros que se sumaron gustosos y sobre todo el decidido apoyo y entrega del partido de Alejandro Giammattei, presidente de la República, se conformó un bloque mayoritario que no estaba limitado a esa elección sino que tenía los ojos puestos en la elección de los magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.
Hay mil formas de asegurar lealtades en esas alianzas y van desde la comunidad de intereses a la compra de voluntades, llegando hasta el chantaje que convierte a unos en poderosos para imponer una línea a quienes, por su techo de vidrio, tienen que ceder y dar el piojo, entregándose para siempre a la voluntad del chantajista. El caso es que por una u otra razón, se convierten en pactos inquebrantables que operan con total desparpajo, sobre todo si pueden contar con la indiferencia secular de una ciudadanía que siempre ha sido apática, pero que en medio de una pandemia lo que menos le interesa es el futuro de la justicia porque el futuro personal es ya suficiente causa de preocupación.
El juego no puede ser más claro. La elección de magistrados, por la que se rasgaron las vestiduras quienes aseguraban que se estaba violando la Constitución al postergarla, no será efectiva hasta que el año entrante quede instalada la nueva Corte de Constitucionalidad dominada por los magistrados designados por el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso, mayoría suficiente aunque se puede nutrir para convertirse en aplanadora con los designados por el Consejo Superior Universitario de la Usac y por la Asamblea General del Colegio de Abogados.
Llama la atención la complacencia (¿misteriosa?) de entidades gremiales que hicieron severas críticas a la CC porque detuvo el proceso amañado de elección que estaba en marcha. En aquellos días, a conveniencia, hablaban de ruptura del orden constitucional por la tardanza en elegir magistrados pero ahora, cuando seguramente la postergación será más prolongada, no dicen ni pío, contagiados sin duda por la tranquilidad que proporciona el saber que el país va en la ruta de asegurar sólidamente el régimen de impunidad.
