POR REDACCIÓN LA HORA
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A través de un análisis realizado por Save the Children y Unicef advierten que, si no se toman medidas urgentes para proteger a las familias de las dificultades económicas planteadas por la pandemia, el número total de niños que viven por debajo del umbral nacional de pobreza en los países de bajos y medianos ingresos podría alcanzar los 672 millones a finales de este año.
Según señalan, las repercusiones económicas de la pandemia de la COVID-19 podrían provocar que, para finales de 2020, otros 86 millones de niños se sumen a todos aquellos que ya se encuentran viviendo en hogares pobres, lo que, según el estudio, significaría un aumento de un 15 por ciento. De acuerdo con el análisis, cerca de dos terceras partes de esos niños viven en África Subsahariana y Asia Meridional.
Agregan que, el aumento más considerable, sería de hasta un 44 por ciento, y podría registrarse en los países de Europa y Asia Central, mientras que en América Latina y el Caribe podría producirse un aumento del 22 por ciento.
“La pandemia del coronavirus ha desencadenado una crisis socioeconómica sin precedentes que está agotando los recursos de las familias de todo el mundo”, afirmó Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF.
Agregó que, el alcance y la profundidad de las dificultades económicas que están afrontando las familias podrían revertir años de avances en la reducción de la pobreza infantil y privar a los niños de los servicios esenciales.
“Sin una acción concertada, las familias a las que ya les cuesta salir adelante podrían caer en la pobreza, y las familias más pobres podrían enfrentarse a niveles de escasez que no se han visto en décadas”, señaló Fore.
PAPEL DE LOS GOBIERNOS
Para abordar y mitigar los efectos de la COVID-19 sobre los niños de los hogares pobres, Save the Children y UNICEF instan a ampliar rápidamente y a gran escala los sistemas y los programas de protección social, tales como las transferencias en efectivo, la alimentación escolar y las prestaciones por hijos a cargo, todas ellas inversiones fundamentales que abordan las necesidades económicas inmediatas y sientan las bases para que los países se preparen para futuras crisis.
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Asimismo, destacan que, los gobiernos deben invertir en otras intervenciones en materia de protección social, políticas fiscales, empleo y mercado laboral, con el fin de proteger a las familias. Esto incluye ampliar el acceso universal a una atención de la salud de calidad y a otros servicios, así como invertir en políticas favorables a la familia, como las licencias remuneradas y los servicios de atención para los niños.
LAS REPERCUCIONES
Save the Children y UNICEF advierten en el análisis que la repercusión de la crisis económica mundial ocasionada por la pandemia y derivada de las políticas de contención tiene dos vertientes. Por un lado, la pérdida inmediata de los ingresos hace que las familias encuentren más dificultades para obtener productos básicos como agua y comida, tengan menos probabilidades de acceder a la atención médica o la educación, y estén más expuestas al peligro del matrimonio infantil, la violencia, la explotación y el abuso. Por otro lado, cuando tiene lugar una contracción fiscal, el alcance y la calidad de los servicios de los que dependen las familias también pueden disminuir.
Señalan que, para las familias más pobres, la falta de acceso a los servicios de atención social o las medidas compensatorias limita aún más su capacidad para cumplir con las medidas de contención y distanciamiento físico y, como consecuencia, aumentan su exposición a la infección.
“Las terribles repercusiones de la pandemia de la COVID-19 sobre la pobreza afectarán más duramente a los niños, que son altamente vulnerables incluso a periodos breves de hambre y desnutrición que podrían afectarles el resto de su vida. Si actuamos con prontitud y firmeza, podremos prevenir y contener los riesgos que plantea la pandemia para los países más pobres y para algunos de los niños más vulnerables. Este informe debería ser una llamada de atención para el mundo.
La pobreza no es inevitable para los niños”, aseguró Inger Ashing, Directora General de Save the Children International.
El análisis destaca que, antes de la pandemia, dos terceras partes de los niños del mundo carecían de acceso a cualquier forma de protección social, lo cual impide a las familias resistir las crisis financieras y perpetúa el ciclo vicioso de la pobreza intergeneracional.
“Cientos de millones de niños siguen viviendo en la pobreza multidimensional –es decir, carecen de acceso a atención médica, educación, una nutrición adecuada y una vivienda digna– lo cual suele ser un reflejo de la desigualdad de las inversiones en los servicios sociales por parte de los gobiernos”, destaca el documento.
Además, explican que, para los niños que viven en países donde el conflicto y la violencia ya están presentes, la repercusión de esta crisis incrementará aún más el riesgo de inestabilidad y de que las familias caigan en la pobreza.
“En la región de Oriente Medio y África del Norte, que ya acoge al mayor número de niños en situación de necesidad debido al conflicto, se registra la mayor tasa de desempleo entre los jóvenes, mientras que casi la mitad de todos los niños de la región viven en una situación de pobreza multidimensional”, puntualizan.
PAÍSES CON AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
En el análisis destacan que, desde que la COVID-19 comenzó a causar estragos, muchos países han ampliado sus programas de protección social. Además de otros países en el mundo, en algunas naciones de Latinoamérica, destaca Argentina, en donde el plan universal de asignación familiar por hijo proporcionó un aumento de 3 mil 100 pesos argentinos (47 dólares) a sus beneficiarios actuales.
Según mencionan, en Colombia, el gobierno ha creado el Programa Ingreso Solidario para proporcionar transferencias en efectivo a aquellos hogares que en la actualidad no reciben prestaciones de ningún otro programa nacional del gobierno.
Hasta el 21 de mayo, más de dos millones de familias vulnerables recibieron una transferencia de 320 mil pesos (equivalente a 81 dólares) en dos pagos iguales realizados durante los meses de marzo y mayo.
Mientras que, en Perú, el gobierno está proporcionando bonos solidarios a los hogares de zonas rurales, los trabajadores independientes y las familias vulnerables, además de un nuevo bono universal para 6,8 millones de hogares.
«Es necesario centrar la atención en llegar a las personas que viven en zonas remotas, las poblaciones indígenas y los migrantes», acota el estudio.
