Hizo falta que el medio digital Plaza Pública publicara los negocios de un viceministro de Salud Pública y que la Comisión Presidencial contra la Corrupción llevara a cabo una investigación para ver la punta del iceberg de la forma en que se manejan los recursos del Estado durante la situación del Estado de Calamidad. Quedó al descubierto cómo funciona parte de la corrupción en tiempos del coronavirus, pero todo ello pasa sin que la flamante y costosa Contraloría General de Cuentas de la Nación se haya dado cuenta o se sintiera aludida con respecto a su obligación constitucional de fiscalizar el gasto público.
Se supone que esa entidad tiene el personal especializado y los instrumentos necesarios para realizar la fiscalización de las operaciones del Estado con los recursos públicos, pero evidentemente el aumento que se le asignó con la ampliación presupuestaria recientemente aprobada no es más que una forma elegante de sobornarlos para que sigan calladitos, como siempre, sin darse por aludidos ante los grandes casos de corrupción que se han visto en el país.
Guatemala fue ejemplo ante el mundo por el destape de la gigantesca corrupción que corroe nuestro modo de vida, porque va mucho más allá de la esfera pública, y uno a uno se fueron sucediendo escandalosos casos que indignaron, al principio, a esa ciudadanía que se volcó entonces a las calles pidiendo cárcel para los corruptos. En todo ese proceso, de más de dos años, ni un solo caso salió de investigaciones realizadas por la Contraloría General de Cuentas sino todo salía del trabajo de los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público, lo que evidencia de manera más que fehaciente que esa institución no sirve para un carajo y que, como dijo Giammattei del Parlacen, o se reforma o desaparece, no obstante que en ambos casos el Congreso sigue con la manga ancha para incrementarles las asignaciones.
Yo escribí al principio de esta crisis que era necesario legislar en forma draconiana para elevar exponencialmente las penas en contra de todos los que se involucraran en actos de corrupción en medio de la pandemia del coronavirus, porque si robar en el gobierno, y especialmente en Salud, ha sido siempre un grave pecado social, cuánto más ahora cuando el país está en trapos de cucaracha. Y se avecinan situaciones más difíciles como resultado de la pérdida del ingreso más importante del país que son las remesas familiares y dentro de poco empezaremos a ver los efectos de ese deterioro de la calidad de vida de tanta gente que ha dependido de lo que sus parientes lograban enviar desde los Estados Unidos.
Es bueno que el Presidente remarque, como lo hizo anoche, de que así como se enfrenta el coronavirus se enfrenta también la corrupción, pero es obvio que para eso necesitaríamos que la institucionalidad del Estado se pusiera a trabajar en ese sentido y lamentablemente no lo hace, especialmente esa cacharpa inútil que se llama Contraloría General de Cuentas. Por decoro y decencia, además de un elemental sentido de vergüenza, el Contralor tendría que presentar su renuncia para esconderse bajo las piedras, donde nadie lo pueda reconocer. Pero como es tan anodino como sus predecesores, puede confiar en que nadie recuerde que fue el principal cómplice de los pícaros en este país.
