Juan José Narciso Chúa
Dentro de la cantidad de información que hoy se produce en el país, se destacan aquellas propuestas que por su simplicidad pero también por su trascendencia merecen implementarse rápidamente sin perder de vista la imperiosa necesidad de la transparencia.
El decreto del Congreso de la República en el cual se aprueba una ampliación presupustaria de Q.11.0 millardos, es uno de los que realmente tocó la médula de establecer distintos mecanismos para atención a los grupos vulnerables, tales como los casos de una asignación para los grupos de población que no tienen ninguna condición para enfrentar la crisis y son aquellos justamente que se encuentran en condiciones de pobreza o pobreza extrema y que muchos de ellos viven de actividades informales. Este mecanismo es imperativo implementarlo, pero sin dejar de hacerlo bajo condiciones de transparencia e igualmente sin pretender “torcerlo” para convertirlo en un instrumento político.
El otro que es clave en esta crisis, es aquél que plantea la necesidad de contar con recursos para cubrir a los grupos que se quedan sin empleo, una dotación de fondos que demanda también mucha capacidad para elaborar bases de datos ciertas y confiables, también que las mismas se encuentren exentas de presiones o favores políticos, para que efectivamente el mecanismo cumpla con el objetivo por el cual fue hecho.
La puesta en disposicíón un fondo para créditos, constituye otra intervención importante durante esta crisis, porque seguramente todos aquellos negocios vinculados a la micro, pequeña y mediana empresa se verán afectados seriamente ante la caída indiscutible de la demanda, con lo cual las ventas se veran seriamente reducidas y con ello las perspectivas del negocio se verán también en serio predicado de sobrevivencia.
Esta situación también exige mucha seriedad en los beneficiarios de dicho crédito, para que el mismo asegure la red de negocios de micro, pequeña y mediana escala, por la trascendencia que dichas unidades empresariales tienen en la actividad económica, porque no sólo son de las más grandes en términos de unidades empresariales, sino también por su capacidad de generar empleo. La celeridad en la implementación y la transparencia vuelven a emerger como pilares claves en esta crisis.
La propuesta que planteó mi amigo Edgar Gutiérrez en su columna del Periódico, el lunes 6 de abril, me parece que representa uno de los mecanismos de intervención más interesantes dentro de toda esta dinámica de propuestas, pues la misma, no sólo tiene sentido en el marco de crisis sanitaria actual, sino además se convierte en un instrumento de largo plazo, al buscar introducir a los grupos informales dentro de la protección social, a través de una aportación baja con los grupos informales y un poco más elevada con los profesionales que trabajan por cuenta propia.
Ojalá que las autoridades del IGSS la tomen en cuenta, creo que es innovadora, pero a la vez podría constituir una iniciativa que favorece la inserción de los informales en la formalidad, así como constituye la gestación de un mecanismo que conduzca a una universalización gradual de la protección social que el IGSS tiene como mandato desde su origen.
Muchos grupos y personas han hecho propuestas, pero creo que varias de ellas caen nuevamente en la reiteración mal comprendida de buscar beneficios a costa del Estado, creo que esta discusión se tendrá que realizar cuando la crisis se haya controlado y apunte a una mejora en los indicadores propios del COVID 19. Sin embargo, es necesario reiterar que las prioridades hoy son muy específicas y además humanas: Controlar los efectos de la pandemia, curar a las personas infectadas y atender a los grupos vulnerables; luego vendrán otras discusiones para el futuro, que ojalá lo visualicemos con mayor sensibilidad humana y social.
