Nunca como en esta crisis se ha visto mundialmente la adopción de medidas que se califican de draconianas, mismas que son definidas como conjunto de acciones excesivamente severas. El término viene de la vieja Grecia donde un legislador llamado Dracón fue creador de una legislación de ese tipo y desde entonces el concepto se utiliza para calificar disposiciones de gran severidad. Se utilizó desde el principio para calificar las decisiones que tomó el gobierno chino cuando, tras negarlo torpemente, aceptó la existencia de la epidemia del coronavirus y dispuso el confinamiento de millones de personas para contener la propagación.
La situación mundial hace que la gente entienda que hay circunstancias muy especiales y dramáticas en las que se necesita de la implementación de políticas y acciones que resultarían extremas e inaceptables en tiempos normales. Pues precisamente por ello creo yo que si alguna medida draconiana hace falta en nuestro país ahora es una legislación para sancionar en forma extremadamente severa cualquier acto de corrupción que se cometa en el marco de la crisis que estamos viviendo, cuando el país entero está a tres menos cuartillo, y no sería justo ni aceptable que nadie haga su agosto y se enriquezca en medio de tanta pena y necesidad.
Yo no creo en la pena de muerte, pero si pienso que cualquiera que incurra en delitos de corrupción durante esta extraordinaria crisis que está afectando a tanta gente en Guatemala, debe ser condenado a un mínimo de cincuenta años de cárcel, pena que tendría que ser absolutamente inconmutable.
Y es que tenemos antecedentes terribles, como lo ocurrido cuando se dieron las emergencias por las tormentas Stan y Mitch que causaron tanto daño y desolación. Luego lo vimos con la tragedia de El Cambray, donde lejos de atender las necesidades de los afectados muchos hicieron trinquetes, lucrando con las necesidades y penurias de la gente, engordando sus bolsillos cínicamente. Y lo mismo pasó con la erupción del Volcán de Fuego. De hecho se puede decir que aquí las situaciones en las que se declara un estado de emergencia son aprovechadas por vivos, tanto funcionarios como particulares, que hacen sucios negocios e incrementan inmoralmente sus ganancias.
Pienso que un Congreso comprometido con un pueblo que está sufriendo graves consecuencias por esta pandemia, debiera legislar en forma draconiana para decretar un castigo extraordinario, pero absolutamente justo, en contra de los largos que no han de faltar y que traten de cobrar comisiones o que se presten a contrataciones o compras sobrevaloradas para repartirse la vaca con particulares igualmente inescrupulosos y merecedores de castigo.
Estamos viendo en forma dramática las consecuencias que para el país ha tenido el continuado y persistente saqueo que se ha realizado de los presupuestos destinados a la salud pública, que nos han dejado con un sistema de Salud inútil al punto de que en todos los indicadores sobre inversiones en salud y camas por cada diez mil habitantes colocan a Guatemala en la cola de los listados.
El que alguno o algunos se puedan aprovechar de la crisis para realizar actos de corrupción es un gravísimo crimen que amerita la adopción de medidas absolutamente draconianas. Cierto que hay que dudar del Congreso por aquello de que todos se tapan con la misma chamarra, pero al menos hay que comprometer a los fiscales decentes, que los hay, en el MP para que actúen severamente en tal tipo de casos.
