Por Cristian Velix
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, indicó que remitió una petición a la fiscal general, Consuelo Porras, con el propósito de que el Ministerio Público (MP) analice el planteamiento de una acción legal respecto a las reformas al Código Procesal Penal en el tema del procedimiento de aceptación de cargos.
«Tomando en consideración (la posible interposición de la acción) de que dicha normativa, a juicio de su servidor, vulnera disposiciones de la Constitución Política de la República. Es contraria a los avances en materia de política criminal», agregó el investigador.
De igual manera, el fiscal manifestó que con el Decreto 10-2019 que regula esas reformas al Código Procesal Penal se crea un confuso procedimiento que soslaya otras figuras jurídicas y medidas desjudicializadoras que ya están contempladas en ese cuerpo legal.
Asimismo, Sandoval refirió que con esas modificaciones a la ley se demerita lo relacionado a la colaboración eficaz para el proceso de desarticulación de estructuras criminales.
«En ese sentido, considero que el Ministerio Público debería adoptar alguna medida con la entrada en vigor del cuerpo legal y también hemos escuchado que distintos sectores harán los planteamientos que correspondan o bien harán las peticiones para que la Corte de Constitucionalidad resuelva lo que está pendiente», añadió el jefe de la FECI.
Por otra parte, Sandoval comentó que se encuentra haciendo un trabajo de inventario en el sentido de qué casos de investigación de esa unidad del MP se verían afectados con esa normativa, publicada ayer en el Diario de Centroamérica, mismo que tendrá valor legal dentro de 30 días.
SOBRE LAS REFORMAS
El procedimiento especial de aceptación de cargos aprobado por el Congreso de la República y ratificado por el presidente Jimmy Morales, dispone una reducción de penas para aquellos sindicados que admitan los señalamientos que se hacen en su contra.
En ese contexto, estas reformas al Código Procesal Penal manifiestan que toda persona ligada a proceso penal tendrá el derecho de aceptar los cargos que el MP le formule en la imputación o acusación, los cuales deben ser acogidos por el juez o tribunal.
Con dicha normativa si el señalado acepta los señalamientos en su contra en la audiencia de primera declaración o antes de que se resuelva que debe enfrentar juicio, podrá obtener una rebaja de la mitad de la pena en los delitos que se imputan.
Si el procesado admite su culpabilidad después de que fuera enviado a juicio y antes de que este empiece, tendrá el derecho a que se le rebaje la pena que posiblemente se le imponga en una tercera parte.
En cambio, si un sindicado acepta los cargos después de iniciado el juicio, pero antes de la recepción de pruebas, tendrá derecho a que las penas se le rebajen en una quinta parte. Esto no aplica para delitos como genocidio, desaparición forzada, asesinato, violación, femicidio, entre otros.
