DAVID BILLER y DIANE JEANTET
ALTER DO CHAO, Brasil
Agencia (AP)
Una tranquila población se ha convertido en el escenario de la creciente hostilidad entre el presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, y grupos ambientalistas, tras la detención de varios bomberos voluntarios a los que el mandatario acusa de provocar incendios en la selva.
El episodio hizo que los líderes de nueve organizaciones no gubernamentales denunciaran el martes la persecución de activistas, académicos y científicos desde que Bolsonaro ganó las elecciones el año pasado. El Presidente ha acusado a muchos de ellos de trabajar en la Amazonía a instancias de extranjeros como el actor Leonardo DiCaprio. Los grupos han criticado la campaña de Bolsonaro para desarrollar el bosque tropical más grande del mundo.
«El gobierno considera al tercer sector, la sociedad civil brasileña, como enemigo del país», dijo Ricardo Borges, director ejecutivo de Pact for Democracy, en una videoconferencia con periodistas en la que también participaron las delegaciones brasileñas del Fondo Mundial de la Naturaleza y Amnistía Internacional.
La policía acusó el mes pasado a varios bomberos voluntarios de provocar incendios para conseguir financiamiento a través de las ONG locales en Alter do Chao, una ciudad de menos de 10 mil personas a la orilla del río Tapajos, en el estado de Para. La fiscalía federal no tardó en decir que su investigación no había hallado pruebas al respecto, el oficial de policía local que dirigía las pesquisas fue apartado del caso y un juez ordenó la liberación de los bomberos.
Aun así, Bolsonaro, excapitán del Ejército, respaldó públicamente las acusaciones de la policía contra los bomberos y las ONG. Para algunos, las imágenes emitidas en televisión de policías haciendo las detenciones y registrando las sedes de las ONG sirvieron como confirmación de los cargos. Bolsonaro incluso acusó a DiCaprio de financiar a las ONG, algo que el actor negó.
La controversia ha puesto el foco de atención sobre Alter do Chao, conocida como «El Caribe de la Amazonía».
En declaraciones junto a su frondoso jardín, Caetano Scannavino, coordinador de Salud y Alegría, una de las organizaciones sin fines de lucro investigadas por la policía local, dijo a The Associated Press que la retórica incendiaria ha creado un clima de terror y que sus consultores de seguridad le han recomendado abandonar la localidad lo antes posible. El activista ya había dejado de dormir en su casa.
«Hoy estamos en una guerra de relatos. El país está polarizado y por desgracia hemos creado un entorno de deconstrucción en lugar de uno de construcción, en el que la gente se grita entre sí y no debate», dijo Scannavino. «No es justificable alimentar más el odio en un entorno ya polarizado por el odio».
El mismo día, en el otro extremo del pueblo, un grupo de empresarios de visita hablaron con AP mientras desayunaban en su hotel. Uno dijo que había cientos de ONG en la región, más que campesinos. Otro dijo que la mayoría del financiamiento de esos grupos iba a los salarios de sus empleados, y cuestionó sus motivaciones.
Los bomberos voluntarios y las organizaciones sin fines de lucro niegan las acusaciones y afirman que la investigación tiene motivaciones políticas. El gobierno del estado de Para indicó que no haría comentarios sobre un caso abierto hasta que concluyera la investigación policial. Las oficinas de prensa del presidente y el ministro de Medio Ambiente no respondieron a peticiones de comentarios.
Bolsonaro ha acusado a las ONG de vivir de la «industria de las multas» en el sector medioambiental brasileño, y prometió que no volvería a dirigir fondos procedentes de multas a organizaciones sin fines de lucro. El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, también anunció este año que suspendería temporalmente el financiamiento a las ONG mientras se completaba una auditoría de los contratos y acuerdos del estado para buscar posibles irregularidades.
Los grupos sin fines de lucro no han sido los únicos en el punto de mira.
En agosto, en medio de la indignación internacional por los incendios en la Amazonía, Bolsonaro acusó al jefe del Instituto Nacional de Investigación Espacial, Ricardo Galvão, de manipular datos de imágenes por satélite sobre la deforestación para socavar a su gobierno.
Galvão rechazó públicamente las acusaciones y fue despedido.
El reporte anual brasileño sobre deforestación, publicado el mes pasado, mostró un aumento de casi el 30% en comparación con el año anterior. Aunque el gobierno terminó reconociendo que la tala había crecido, la comunidad académica se quedó conmocionada por un despido tan público en una institución científica,
«En el gobierno de Bolsonaro hay un grupo que tiene una visión claramente negativa de la ciencia», comentó Galvão en una entrevista telefónica. «Tienen esta idea de que todos los científicos son de izquierdas».
En noviembre, un grupo internacional de académicos publicó un estudio en la revista Global Change Biology desmontando las afirmaciones del gobierno brasileño de que los incendios amazónicos de agosto estaban dentro de lo normal. Varios de los autores del reporte mantuvieron el anonimato por miedo a represalias como la que sufrió Galvão, indicó a AP la coautora del estudio Erika Berenguer.
«Para ellos fue muy duro tomar esa decisión», dijo a AP.
En Alter do Chao, la detención de los bomberos no fue la primera controversia que alteró la vida tranquila de la localidad. En julio, el ministro brasileño de Educación estaba comiendo en la plaza central con su familia cuando activistas indígenas hicieron una breve manifestación junto a su mesa. El ministro respondió tomando un micrófono que había cerca para dirigirse a la multitud.
«Solo quiero mostrarles la diferencia entre la izquierda y la gente que no está a la izquierda», dijo. «Estoy aquí con mi familia en mis vacaciones, una semana al año, tres niños pequeños, y ustedes intentan humillarme delante de mis hijos. ¿Es eso? ¿Es eso lo que son?»
La situación derivó rápidamente en una discusión a gritos y las imágenes del incidente se hicieron virales en todo el país.
Dos días después empezó a circular en grupos de WhatsApp una lista con nombres de ONG, activistas y profesores de la región supuestamente responsables del «maltrato al Ministro», según una periodista local que escribe bajo el pseudónimo de Hellen Joplin, y que también trabaja con activistas locales. Ella también estaba en la lista, descrita como persona antiBolsonaro e «izquierdista de la peor clase».
«Era una caza de brujas total: dad con ellos y castigadlos», dijo Joplin en una entrevista.
Esa noche, cuatro policías fueron a su casa con las luces rojas del auto encendidas cuando ella acogía una reunión de activistas indígenas. Los aterrados asistentes saltaron la cerca trasera de Joplin y se escondieron en la selva, mientras los agentes que estaban ante la puerta de Joplin la advertían sobre un supuesto robo de motocicletas en la zona y miraban dentro de su casa, según explicó en la oficina de AP en Río de Janeiro. Ella abandonó la ciudad con sus dos hijos pequeños y solo volvió para gestionar el traslado definitivo de sus cosas.
Por ahora, los bomberos voluntarios y las organizaciones sin fines de lucro siguen bajo investigación en Altor do Chao. Para Ana Torrellas, que ayuda a gestionar un restaurante en la plaza de la ciudad, el proceso parece una persecución arbitraria.
«De golpe les tocó a ellos, como puede ocurrirme a mí, como le puede ocurrir a usted», dijo Torrellas, que llegó al pueblo desde Venezuela hace dos años. «No necesito lentes para ver el plan. No quieren a gente que piensa diferente».
