Justo cuando estamos por llegar al Día Internacional Contra la Corrupción, el próximo 9 de diciembre, desde el norte llegan fuertes ventarrones tras la deliberada toma de posición que hace Estados Unidos, por medio de su Departamento de Estado, en contra de las prácticas corruptas que se han convertido en algo absolutamente normal en países como Guatemala, y se escogió la figura de Alejandro Sinibaldi como paradigma para demostrar un saludable nivel de intolerancia contra aquellos que se enriquecen corrompiendo de manera absoluta a estos pobres países.
Tristemente aquí no se quiere entender el efecto pernicioso que para la vida de todos los guatemaltecos tiene la corrupción y ayer, al presentar la encuesta de percepción empresarial, el presidente del CACIF dijo que, según los empresarios, los problemas que afectan a la inversión privada son la conflictividad social, la corrupción y la infraestructura, en ese orden, pero pasan por alto que tenemos alta conflictividad social precisamente por el debilitamiento de la institucionalidad provocado maliciosamente para alentar la corrupción y que nuestra infraestructura es un desastre, también, porque toda contratación se hace pensando en la sobra más que en la obra, como decía aquel mañoso de la OIM.
Y es que no se quiere entender el efecto devastador que ha tenido la corrupción, especialmente en el plano económico y de inversión porque aquí no basta el emprendimiento de los empresarios para hacer prosperar los negocios, puesto que hasta para tramitar licencias hay que caer muertos con la mordida porque, como dijo Jimmy Morales en aquella célebre entrevista en televisión, la corrupción es algo normal, algo que todos hacen.
El debilitamiento de la institucionalidad es pieza clave para que persista el control que sobre el Estado ejercen grupos que cada cuatro años cambian a sus interlocutores luego de haberle sacado el jugo a su “inversión” en las campañas políticas, pero tiene efectos terribles en muchos sentidos. El pavoroso avance del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, es posible gracias a ese relajamiento moral y ético que hay en todas las instituciones nacionales y, como pasó en Colombia, terminará por pasarles factura a los que fueron los facilitadores de ese descalabro que abre las puertas a una danza de millones en la que no hay forma de competir con el pisto del narco.
El aviso de Estados Unidos toma forma cuando de manera directa piden que se mantenga y respete el trabajo que hace la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que está en el punto de mira del Pacto de Corruptos. Se trata de un equipo profesional que se especializó en el trabajo junto a la odiada CICIG y que, contra viento y marea, pelea los casos que se presentaron bajo esa estructura y sigue con investigaciones que pueden ayudar al saneamiento del país. Exigen que se proteja adecuadamente a esos fiscales honestos y que no se haga con ellos lo que se viene haciendo con otros que se ven condenados al ostracismo por su valentía y compromiso con la justicia, mensaje que tiene que tomar en cuenta quien desde que asumió sus funciones es causa de tanto desconsuelo.
El meollo de nuestra debilidad y crisis está en la corrupción y así lo tendría que entender la sociedad.
