Por Denis Aguilar
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El jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, dijo hoy a La Hora que dentro del plazo que les marca la ley estarán interponiendo un recurso de casación contra la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones que benefició al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, el abogado César Landelino Franco López, así como a sindicalistas.
Dicha sala benefició a los sindicados de cometer irregularidades en la firma del Pacto Colectivo en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en 2013, ordenando que el caso debe resolverse en un juzgado de Trabajo y Previsión Social y no por la vía penal como se estaba judicializando actualmente.
Campo señaló que fueron notificados la semana anterior de la resolución emitida por dicha Sala, al resolver con lugar la apelación presentada por la defensa de los sindicados en el caso.
“Ellos (los abogados defensores) habían planteado una incidencia que se denomina cuestión prejudicial, la cual fue declarada sin lugar por la juez, pero ellos tenían el derecho de apelar ante la Sala y la Sala declaró con lugar la apelación que ellos presentaron y prácticamente de momento se trajo abajo el proceso que se había iniciado”, dijo Campo.
El fiscal indicó que el señalamiento que se hizo contra los sindicados gira en torno a dos aspectos, los cuales son: el primero es que son pagaron más de Q14 millones con fondos públicos al abogado César Landelino Franco López, actualmente prófugo, sin que prestara algún servicio. El segundo aspecto es que al negociar el pacto colectivo insertaron un reglamento de viáticos donde llevaban las cuotas de altos funcionarios del Ministerio de Salud y de dirigentes sindicales.
“Sobre esta base es la que se planteó el caso, pero la resolución de la Sala, obviamente, es aberrante”, señaló Campo.
El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción dijo que lo que corresponde ahora es la interposición de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el cual buscarán dejar sin efecto la decisión emitida por la Sala Tercera de Apelaciones, teniendo 15 días, a partir de la notificación, para interponer dicha acción legal.
Asimismo, indicó que si el recurso de casación es declarado sin lugar queda la posibilidad de presentar una acción constitucional de amparo, asegurando que agotarán las instancias legales para revertir el fallo.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para revertir este fallo, que definitivamente es aberrante, no es el primero que emite la Sala Tercera en este mismo sentido”, dijo Campo.
