El Juzgado de Mayor Riesgo D suspendió una audiencia derivado a que fiscales durante la gestión de Consuelo Porras no informaron a tiempo de un amparo que debía cumplirse en mayo pasado. Foto La Hora: Sergio Osegueda
El Juzgado de Mayor Riesgo D suspendió una audiencia debido a que fiscales durante la gestión de Consuelo Porras no informaron a tiempo de un amparo que debía cumplirse en mayo pasado. Foto La Hora: Sergio Osegueda

Para este miércoles 9 de septiembre, se tenía previsto que el Juzgado de Mayor Riesgo D llevara a cabo la audiencia de etapa intermedia por el caso Diario Militar, para determinar si dos implicados deben o no enfrentar juicio; sin embargo, a pesar de los distintos recursos que a la fecha han retrasado el desarrollo del proceso, este día se conoció otro incidente más.

Previo a iniciar la audiencia, uno de los querellantes adhesivos, el Centro para la Acción Legal y de Derechos Humanos (CALDH), informó que desde el 31 de abril pasado, existe un amparo que les fue otorgado por una sala de apelaciones, en donde se ordenó al Ministerio Público (MP) que el caso debía ser trasladado de la Fiscalía de Derechos Humanos a una fiscalía especial.

Sin embargo, desde esa resolución, para la cual el MP tenía un plazo de cinco días, han pasado cinco meses sin que el ente investigador hubiese hecho el cambio ordenado.

SIN CONOCIMIENTO

Tras lo informado por los querellantes, Cruz indicó que hasta ahora estaba siendo puesta en conocimiento sobre este extremo, por lo que necesitaba el pronunciamiento del MP al respecto.

Según indicó la fiscal, estos desconocían la existencia de dicho amparo, ya que ahí se indicaba que los vinculados al mismo eran la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, la cual no había informado de esta resolución, situación por la cual no se había hecho el cambio ordenado.

BAJO LA TUTELA DE CONSUELO PORRAS

En este caso, cuando los querellantes solicitaron el apartamiento de los fiscales del caso, fue porque en ese entonces Noé Rivera, fiscal de Derechos Humanos y parte del círculo cercano de Consuelo Porras, fue señalado de procurar impunidad dentro del caso, al tratar de beneficiar a los implicados sin tomar en cuenta los elementos de la investigación y así entorpecer el proceso.

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De acuerdo con la explicación dada, el amparo que fue dado para cambiar a los fiscales fue otorgado el 31 de abril, tres semanas antes del cambio de fiscal general, cuando Porras aún dirigía la fiscalía, pero nunca se hizo la comunicación interna para dar cumplimiento al proceso.

Ante esta situación, la jueza Abelina Cruz decidió aplazar la audiencia hasta el 21 de septiembre, para dar tiempo a que el MP dé el cambio respectivo y así informe si ya se dio cumplimiento a lo ordenado por la sala y continuar con el proceso para resolver la situación legal de los implicados en el caso.

Sergio Osegueda
Periodista con experiencia de 17 años. Apasionado por las tradiciones de nuestro país.
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