Fernando Mollinedo C.
Los guatemaltecos están enojados con los políticos que se hacen los supuestos representantes del pueblo y funcionarios designados para dirigir el destino económico de esta nación. La apertura política de 1986 hizo que se formara una conciencia social del Estado y los asuntos políticos del país y que detonó en el 2015 defenestrando al expresidente Otto Pérez Molina.
La población presume sus 198 años de independencia y se le respeta en cuanto a su concepto y su forma de celebrar tal acontecimiento; desde esa época la administración del Estado estuvo en manos de personas que de una u otra forma se aprovecharon de las circunstancias para favorecer a sus familiares, amigos, amantes (hombres o mujeres) y correligionarios de sus partidos políticos.
Causó y causa molestia la falta de rendición de cuentas de todos los gobernantes, lo cual motiva a preguntar: ¿por qué un país con 198 años de vida independiente no ha superado los retos de la vida moderna y sigue en la misma situación de atraso? Como respuesta podemos decir que las raíces de la falta de rendición de cuentas se encuentran en la Historia de España, el Virreinato de México y la Capitanía General del Reino de Guatemala.
En nuestro país no se desarrollaron grupos empresariales de la mano de la clase media extensa, la campesina y obreras; por el contrario, los minúsculos grupos de empresarios hicieron y hacen sus fortunas acercándose a quienes ejercieron y ejercen el poder mientras que la clase media sigue sojuzgada por los sistemas autoritarios de gobierno que han sido los perros guardianes de los verdaderos dueños del país.
No es raro que el movimiento independentista hizo una doble jugarreta económica: independizarse para no pagar impuestos a España y la otra para no pagar ellos mismos los impuestos en el nuevo país, pero sí para exigir el pago de impuestos a la clase media. Es decir, que el Estado se constituyó económicamente con los impuestos de la clase media y de la mayoría de la población; los ricos guardaron su dinero y los nuevos gobernantes empezaron a gastar, utilizar, dilapidar y disponer del dinero que no era ni es de ellos. No hay duda que la independencia fue librarnos de los ladrones españoles y escoger los propios.
La condición rural en la que por muchísimos años ha vivido la mayoría de la población guatemalteca y la lenta modernización de las áreas urbanas en el país, no fueron obstáculo para que los gobernantes de turno impulsaran la política de pagar impuestos, con lo cual se ha mantenido la puerta abierta para que se dilapiden los recursos financieros sin recato alguno, tal y como ha sucedido con los ignominiosos subsidios al sector cafetalero, ganadero, del transporte y algunas organizaciones no gubernamentales.
En Guatemala ya existe una presión social para terminar con la corrupción, un tema seguro que no podrá olvidarse ni desaparecer en la agenda política nacional. La pregunta es: ¿estará a la altura el nuevo Gobierno para combatir de manera seria y permanente la evasión de impuestos que realizan las grandes corporaciones financieras, industriales, constructoras, ganaderas, comerciantes en el país?