Por Cristian Velix
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El fiscal Andrei González, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), indicó que si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no actúa de oficio y cancela a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), será el Ministerio Público (MP) quien hará el requerimiento.
Dichas declaraciones fueron vertidas por el investigador luego de que presentara el memorial de acusación en contra del ex secretario privado del expresidente Álvaro Colom, Gustavo Alejos, así como contra Juan Pablo García Castro, Víctor de Jesús Duarte Mendoza, Guillermo Alejandro Sierra, todos ellos sindicados en el Caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE en 2015.
“El Ministerio Público al presentar la acusación está confirmando que en efecto existió un monto relacionado a financiamiento no registrado y financiamiento que procede de una actividad ilícita, y que fue utilizado durante la campaña electoral del 2015 por la UNE”, manifestó González.
De esa forma, el fiscal dijo que con base al Artículo 21 de la Ley Electoral de Partidos Políticos vigente en el año en el que ocurrieron los hechos y el Artículo 21 Ter de la actual legislación en esa misma materia, lo que procede es que el TSE de oficio inicie la cancelación de la mencionada agrupación.
“Si no vemos que dicha institución accione como la ley le manda, el Ministerio Público tendrá la obligación de que se tome esta acción en contra de la agrupación política, por haber irrespetado las normas de financiamiento electoral”, agregó.
En relación con la fecha en la que presentaría la solicitud de cancelación, el fiscal dijo que será después de la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo este domingo.
MÁS FINANCIAMIENTO NO REPORTADO
Las pesquisas preliminares del financiamiento indican que la UNE no reportó a la máxima autoridad electoral casi Q20 millones, hecho para el que aparentemente se utilizó un conjunto de empresas con el fin de eludir el control de esos recursos.
Sin embargo, el integrante de la FECI afirmó que derivado de las investigaciones se estableció que tampoco se registraron poco más de Q8 millones, lo que, sumado al monto anterior, acumulan alrededor de Q28 millones no reportados por ese partido político al TSE.
La acusación presentada hoy consta de 343 medios de investigación, entre ellos 55 testimoniales, 247 documentales y 41 escuchas telefónicas, según el MP.
CC AÚN NO RESUELVE AMPARO POR ESTE CASO
Consultado respecto al estado en el que se encuentran las solicitudes de retiro de antejuicio en contra de la presidenciable Sandra Torres y de los diputados vinculados a este expediente judicial, González dijo que están a la espera de que la Corte de Constitucionalidad (CC) prosiga con el trámite, luego de que se otorgara el amparo provisional.
