Por Redacción La Hora
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La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que revocó una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) apelada por comunitarios que habían accionado en contra del Ministerio de Energía y Minas, por otorgar una licencia de explotación a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) sin haber realizado la consulta previa a pueblos indígenas de Alta Verapaz e Izabal, donde opera la mina Fénix.
De acuerdo con la resolución, se declaró con lugar el recurso de apelación presentado por Alfredo Maquín Cucul, representante común de los comunitarios, quien revocó la resolución de la CSJ del 7 de marzo de 2018, que denegó la protección constitucional interina en la acción promovida en contra del MEM.
En la acción presentada, los comunitarios expusieron que al otorgar la referida licencia se violentó el derecho a la consulta a los pueblos indígenas de los municipios de Senahú, Cahabón y Panzós del departamento de Alta Verapaz y de El Estor, en Izabal.
Como agravios reprochados mencionaron que estiman vulnerados sus derechos de consulta previa, participación, otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado, así como el principio de protección a los grupos étnicos.
En un comunicado de prensa, la CC informó que en consecuencia se deje en suspenso temporal, en tanto dure la tramitación del amparo, la licencia de derecho de explotación de la entidad CGN otorgada en la resolución 1208 del 17 de abril de 2016, por el MEM.
NO ESTÁN DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN
La CGN indicó en un comunicado de prensa que son respetuosos de la ley pero que no están de acuerdo con la resolución emitida por la CC. La empresa indicó que en 2005 se realizó la consulta comunitaria y su actualización en 2018 en las que se propició el diálogo y se alcanzaron acuerdos entre comunidades y empresa, que se han cumplido en todos los requerimientos y se mantienen hasta la fecha.
Asimismo aseguran que durante los años de operación han pagado Q500 millones por concepto de impuestos al Gobierno de Guatemala.
De acuerdo con la empresa, proveen más de 2 mil empleos directos y 1,000 indirectos, por lo que con la disposición se afectará de manera directa la economía de sus colaboradores, así como al gobierno local y central.
Agregaron que esta resolución no solo afectará económicamente a las distintas poblaciones de El Estor sino que se incrementará la conflictividad y violencia en el lugar.
