Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de Guatemala en el tema de la aplicación de la justicia es francamente lapidario al describir el retroceso que se han dado en los esfuerzos para combatir la impunidad en el país. Y la fiscal general Consuelo Porras sale muy mal parada en el análisis que esa entidad realiza de lo ocurrido en el último año desde que ella asumió la conducción del Ministerio Público, aunque por supuesto que el poder fáctico repetirá ahora aquel discurso que utilizó Romeo Lucas para referirse a Amnistía Internacional como un tentáculo de la izquierda para hacerle daño a Guatemala, omitiendo la realidad de que AI realiza severas críticas contra regímenes despóticos de izquierda en temas relacionados con el imperio de la ley, respeto a la justicia y a los derechos humanos.
La vieja estrategia de actuar como el avestruz, enterrando la cabeza para evadir la realidad, se nota ahora luego de ese certero informe que se refiere al deterioro de la lucha contra la impunidad que llegó a colocar a Guatemala como un ejemplo ante el mundo por los avances y logros para llevar ante la justicia a personas que, por alcurnia o posición de poder, siempre se consideraron superiores a la ley.
Y por supuesto que se hace énfasis en que el desmantelamiento de los esfuerzos contra la impunidad y la corrupción fueron dirigidos personalmente por el Presidente de la República empecinado en desmantelar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala por su manifiesto conflicto de interés luego de haber sido sindicado él y dos de sus familiares cercanos en casos investigados y promovidos tanto por la CICIG como por el Ministerio Público. El nombramiento de Porras en esas condiciones evidenció que pudieron más los intereses personales de Morales que el interés general de la población guatemalteca y eso queda de manifiesto en ese informe difundido ayer para conocimiento de todo el mundo sobre lo que está ocurriendo en nuestro país.
El asunto es que a las autoridades ese tipo de informes no les importa porque saben y están seguros que la mayoría de la población guatemalteca no va a ponerle atención y, si lo hiciera, siempre tienen el recurso de llevar las cosas al terreno de la polarización ideológica que tantos frutos les ha rendido. Porque desde aquellos tiempos de Lucas se creó el mito de que cualquier crítica que se haga al país es producto de una conspiración de la izquierda mundial que tiene entre ceja y ceja a Guatemala para dañar a sus autoridades y provocarles desprestigio.
Con la misma argumentación que usaron para desprestigiar a la CICIG, señalándola de ser el brazo de esa conspiración del comunismo mundial, satanizando al comisionado Iván Velásquez, saben que pueden enfrentar la dura realidad que destapa el informe de Amnistía Internacional que, basándose en hechos irrefutables, demuestra el dramático y acaso irreparable retroceso que fue provocado para reinstaurar el reino de la impunidad, señalando el papel de la fiscal Porras como pieza clave en el desmantelamiento de los avances logrados.