El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) presentaron acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Acuerdo 145-2026.
Según el CACIF dicho acuerdo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), establece las pautas para la consulta al Pueblo Maya Ixil de San Juan Cotzal, Quiché, sobre el Proyecto Hidroeléctrico Palo Viejo.
El acuerdo vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre jurídica al regular un proceso de consulta que, a su criterio, excede las competencias del Ministerio de Energía y Minas, explica la entidad.
CUESTIONAN COMPETENCIA DEL MEM
De acuerdo con el CACIF y la Cámara de Industria, al emitir el Acuerdo 145-2026, el MEM habría excedido el marco de sus atribuciones, al desconocer actuaciones administrativas e institucionales previas, acuerdos alcanzados anteriormente y disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Según las entidades, esta situación vulnera principios constitucionales como la legalidad, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica.
CACIF y la Cámara de Industria de Guatemala informan que han interpuesto acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad contra el Acuerdo 145-2026 emitido por el Ministerio de Energía y Minas. #ComunicadoCACIF
Lee el comunicado completo aquí: https://t.co/rT00LUAfsR pic.twitter.com/SEjSJbSEO8
— CACIF (@CACIFGuatemala) July 9, 2026
BUSCAN DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO
Las organizaciones explicaron que las acciones de inconstitucionalidad buscan que el reglamento quede sin vigencia, con base en lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Según el sector empresarial, el objetivo es restablecer el orden constitucional y evitar futuras afectaciones a proyectos de inversión y desarrollo que, afirman, benefician al país.
REITERAN RESPETO A DERECHOS INDÍGENAS
En el comunicado, el CACIF y la Cámara de Industria manifestaron que respetan los compromisos internacionales asumidos por Guatemala y los derechos de los pueblos indígenas.
No obstante, sostuvieron que esos compromisos deben cumplirse en armonía con la Constitución Política de la República y el marco jurídico vigente, de manera que se fortalezca el Estado de derecho.
